El congresista de la República, Jaime Quito, ha denunciado desde Puno una campaña de obstaculización dentro del Congreso para limitar su participación legislativa y la de otros congresistas con opiniones diferentes, por lo que la labor legislativa no refleja la voluntad popular, cuando se tienen bloques de congresistas con intereses particulares que entorpecen todo. Hecho que ocurrió luego de distanciarse del partido oficialista, por el cual fue elegido.
Ante la imposibilidad de ejercer a cabalidad sus funciones representativas, considera urgente una reforma constitucional. La actual Carta Magna contempla la irrenunciabilidad al cargo, obligándolo a continuar pese a la fuerte oposición interna.
Quito responsabiliza a sectores golpistas de filtrar información sesgada a la prensa para impedir la difusión de sus denuncias. Por ello demanda un nuevo pacto constitucional que garantice la separación e independencia de poderes del Estado.
Sólo así se podrá superar la crisis institucional y política generada por complots entre fiscales y congresistas. El legislador ratifica que esta situación se gestó mucho antes que estallara el último diciembre. Un nuevo marco constitucional se perfila como la salida democrática.
