El director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, sostuvo que las modificaciones legales planteadas para la supervisión de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Perú no buscan promover mayor transparencia, sino que incrementan sanciones y otorgan amplias facultades discrecionales a los funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de fiscalizar a estas entidades desde hace más de 20 años.
Rivera explicó que las ONGs ya están sujetas a rigurosos controles por parte del Estado y los donantes internacionales. «Anualmente presentamos declaraciones juradas sobre cada proyecto, presupuesto y actividad desarrollada. Además, estamos fiscalizados por entidades como la SUNAT, SUNAFIL y la Unidad de Inteligencia Financiera», afirmó, subrayando que los donantes, tanto gubernamentales como privados, exigen auditorías exhaustivas y no entregan fondos sin un monitoreo continuo.
El especialista calificó de «peligrosa» una disposición que permitiría a la APCI elaborar una lista de ONGs que supuestamente realizan «activismo político». «El concepto es ambiguo y podría ser usado para sancionar a organizaciones que cuestionen políticas públicas, incluso en áreas sensibles como derechos humanos, medio ambiente o pueblos indígenas», advirtió. Según Rivera, la norma podría resultar en sanciones económicas de hasta 600 mil dólares o la disolución de las organizaciones, lo que sería insostenible para cualquier ONG.
Rivera también rechazó las acusaciones de falta de transparencia en el manejo de recursos. «Toda la información presupuestal está registrada y es pública. Por ejemplo, el IDL declaró ingresos de aproximadamente 1.8 millones de dólares en 2024, todos auditados y fiscalizados por las autoridades y donantes», precisó.
