Luego de que fiscales especializados en corrupción de funcionarios irrumpieron en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud de Puno. Operativo sorpresa que estaría vinculado al polémico caso Qali Warma que involucra directamente al funcionario Ronald Loza Machicao, quien trabajaba en el área de alimentos de la institución ahora enfrenta graves acusaciones además de un proceso sancionador administrativo.
Mario Carbajal, asesor legal de la DIRESA Puno, confirmó que el caso se encuentra bajo investigación tanto a nivel del Ministerio Público como en el ámbito administrativo interno. “El proceso administrativo disciplinario ha culminado la semana pasada y está para proyectar ya la resolución de sanción, aunque desconozco todavía el resultado final que determinará el instructor basado en la valoración del último informe oral solicitado”, explicó.
Inicialmente se especulaba que la sanción para Loza Machicao sería la destitución, aunque el resultado definitivo aún no ha sido comunicado oficialmente. El caso cobró notoriedad el año pasado cuando medios nacionales revelaron presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con el programa de alimentación escolar, situación que habría motivado la intervención fiscal que se extendió también a un hotel de la ciudad.
El asesor legal de la DIRESA enfatizó el hermetismo con que trabaja la Fiscalía Especializada en estos operativos. “Son procesos reservados que lleva el Ministerio Público, por eso es el hermetismo con que trabaja, no están ellos obligados a indicarnos qué están haciendo o qué van a hacer”, señaló Carbajal, añadiendo que posiblemente dejarán un acta de intervención según lo que haya ordenado la jueza a cargo.
El caso se complica con denuncias periodísticas que surgieron en enero, cuando se publicó información sobre una presunta resolución directoral que avalaba la creación de una empresa fantasma relacionada con alimentos en la zona de Desaguadero. Carvajal mencionó que tras esa publicación se realizó una revisión interna, aunque “no se encontró mayor indicio” y el asunto también forma parte de la investigación reservada que conduce el Ministerio Público.
Otra arista del caso involucra acusaciones de favoritismo y protección hacia Loza Machicao, quien habría recibido dinero de la empresa Frigo Inca. Algunos señalamientos incluso sugieren vínculos familiares entre el funcionario investigado y autoridades de la DIRESA, situación que habría facilitado ciertos comportamientos irregulares dentro de la institución, aunque el asesor legal no confirmó ni desmintió estos señalamientos.
Carbajal indicó que, desde octubre del año pasado, cuando estalló el escándalo, la institución ha tenido tres cambios de directores, lo que “ha entorpecido que sea de forma más rápida el proceso administrativo disciplinario” contra el funcionario implicado. El futuro laboral de Loza Machicao en la institución dependerá formalmente de la notificación con la resolución de sanción administrativa, mientras que en el ámbito fiscal aún se desconoce su situación jurídica.
