Héctor Vargas, dirigente de transporte que representa a más de 7000 unidades de transporte en Lima y Callao, afirmó que el gobierno les está viendo la cara de tontos a los transportistas con la publicación del decreto supremo que reglamenta la ley antiextorsión, calificándolo de inconsistente y sin utilidad práctica.
El líder gremial denunció que el reglamento publicado el 18 de enero no asigna ni un sol de presupuesto adicional a las tres instituciones encargadas de combatir la extorsión, sin dinero la policía no puede comprar tecnología ni infraestructura necesaria para hacer labores de inteligencia contra el crimen organizado.
«Pareciera que los señores del gobierno nos están viendo la cara de tontos, porque esto que ha salido ni siquiera unos chicos de primaria lo podrían haber redactado», señaló Vargas, quien había solicitado la creación de una unidad élite con recursos suficientes para combatir la extorsión y el sicariato.
Confusión institucional sobre quién lidera la lucha
El decreto supremo establece en su artículo 2 que la implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas sin demandar recursos adicionales al tesoro público, cuando la norma requería acciones extraordinarias diferentes para enfrentar la crisis de seguridad que afecta principalmente al transporte.
Vargas cuestionó que mientras la ley del 3 de noviembre designó al Ministerio del Interior como encargado de liderar el proceso, el nuevo decreto supremo otorga la secretaría técnica a la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal dependiente del Ministerio de Justicia, generando incertidumbre sobre quién coordina realmente.
El dirigente había propuesto en reuniones con autoridades que los miembros de la unidad élite reciban sueldos altos para evitar corrupción, sean fiscalizados por Contraloría y SUNAT, pero ninguna de estas propuestas aparece en el reglamento publicado tras meses de espera desde la aprobación de la ley en el Congreso.
Artículo polémico contra el derecho a la protesta
El artículo 10 del decreto supremo otorga facultades a la policía para llevar acciones de control cuando se realizan paros y marchas, generando alarma entre los dirigentes porque vincula las protestas con los delitos de extorsión, poniendo en riesgo el derecho constitucional a manifestarse pacíficamente.
«Le pregunto a la ciudadanía, ¿Qué tiene que ver los delitos de extorsión y sicariato para que acá normen que cuando haya paros e interrupción de vías intervengan? En lugar de protegernos lo que están diciendo es si haces paro te voy a fiscalizar», cuestionó el líder transportista, quien representa al gremio más afectado por la criminalidad con decenas de asesinatos por negarse a pagar cupos.
Vargas anunció que se reunirá con candidatos presidenciales en los próximos días para que asuman compromisos serios sobre seguridad, convocando a la ciudadanía a no votar por ningún congresista que pida reelección porque fueron los primeros que debieron exigir presupuesto para que la norma funcione efectivamente contra el crimen organizado.
