Dirigentes de los sectores comercio, transporte, urbanizaciones y otros consolidaron una jornada de protestas contra la inseguridad ciudadana en la provincia de San Román. La medida fue ratificada por líderes de Cuatro Zonas quienes exigieron resultados concretos al gobierno nacional regional y local. El presidente Raúl Canaza Paxi lideró la asamblea realizada en el local del SUCMMMA San Román.
La comisión colegiada conformada por seis dirigentes coordinará la paralización de actividades. Entre ellos destacan Esteban Aiquipa, Rudy Omar Yana, Rosendo Calapuja, Walter Quispe, y Felipe Mamani. La población pidió un paro preventivo de 24 o 48 horas tras la falta de acciones efectivas de las autoridades. «No hay patrullaje integrado ni Plan Cerco» denunció Ántero Pimentel.
«¿Dónde están las ocho camionetas entregadas en 2023?» cuestionó Pimentel al general de la Policía. Los dirigentes rechazaron las posturas de los consejeros María Elena Maman Apaza y Percy Quispe Miranda declararon «persona no grata» a dos consejeros por ignorar el problema. La asamblea también exigió la erradicación de «Antros de Perdición».
La inseguridad en Juliaca registra robos asesinatos y extorsiones diarias. «No hay resultados solo promesas» advirtió Canaza. Los dirigentes convocarán una nueva reunión para definir la fecha exacta del paro. La población demanda paz y tranquilidad según expresaron en redes sociales y medios locales.
«Alto a la delincuencia y corrupción» fue el grito unificado. La comisión evaluará la adhesión ciudadana antes de ejecutar el paro. «Las autoridades no escuchan» afirmó Mamani. La protesta busca presionar a 13 regidores y cinco congresistas por su inacción frente al crimen organizado.
El Plan Pitbull anunciados por el alcalde no muestran avances. «¿Hasta cuándo esperaremos?» preguntó Calapuja. La población exige ordenanzas municipales para frenar la delincuencia. La comisión colegiada tendrá 72 horas para organizar la movilización y presentar demandas formales.
La histórica asamblea en SUCMMMA San Román marcó un precedente. «Queremos vivir en paz» declaró Pimentel. El paro busca ser pacífico pero contundente. Las autoridades tienen plazo perentorio para responder. La ciudadanía no descarta acciones legales si persiste la indiferencia oficial.
