El director de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, Edwin Chambilla Palomino, declaró que los mineros involucrados en el conflicto entre Coasa y Limbani son ilegales. El funcionario aclaró que la actividad ilegal se incrementó en los cauces de río Inambari de la zona limítrofe entre las provincias de Carabaya y Sandia. Chambilla enfatizó que en ninguna parte de la región existe autorización para explotar dentro de cauces de río por lo que estas operaciones constituyen acciones ilegales.
El director explicó la diferencia entre minería artesanal y minería ilegal tras confusión de pobladores que se identificaban como artesanales. «Una cosa es ser minero artesanal y otra cosa es ser minero ilegal», precisó Chambilla. La minería artesanal se refiere a la forma de explotación mientras la ilegalidad radica en carecer de autorización. Cuando no se tiene autorización oficial sea artesanal o no la operación es ilegal según estableció el funcionario de la DREM.
Los mineros ilegales no respetan límites territoriales ni poseen autorizaciones para operar según denunció el director regional. Chambilla señaló que este es precisamente el problema de la minería ilegal que genera conflictos como el registrado entre Coasa y Limbani. Los invasores trabajan sin permisos oficiales apropiándose de territorios en disputa mediante violencia. El incremento del precio del oro agrava la situación porque atrae más operadores ilegales a la zona según analizó el funcionario.
La DREM realiza la fiscalización y supervisión como competencias principales, pero carece de facultades para intervenir directamente. Chambilla explicó que al identificar actividad de minería ilegal están obligados a transmitir información a fiscalía y policía. «Nosotros no tenemos competencias para hacer por ejemplo una interdicción», reconoció el director. La institución actúa como ente fiscalizador que supervisa y emite informes a las instituciones competentes en el tema de interdicción minera.
El funcionario admitió que no ha habido mayor resultado, ni acción efectiva frente al problema de minería ilegal. La acción tendría que partir básicamente de la fiscalía y la policía según indicó Chambilla. La DREM se limita a comunicar las irregularidades detectadas sin capacidad de ejecutar operativos de interdicción. «Comunicar nada más hasta ahí ha terminado, nosotros hasta ahí alcanzamos», reconoció el director sobre las limitaciones institucionales para enfrentar la minería ilegal.
El conflicto no es nuevo, sino que viene de hace mucho tiempo según admitió el director de la DREM. El problema se agravó recientemente con el incremento del precio del oro que incentiva mayor presencia de operadores ilegales. Los informes de fiscalización identifican actividad ilegal pero la respuesta de fiscalía y policía resulta insuficiente. Esta desarticulación institucional permite que mineros sin autorización continúen operando y generando conflictos violentos entre comunidades de Carabaya y Sandia sin intervención efectiva del Estado.
