En una operación sin precedentes, la Fiscalía General de Ecuador desarticuló una peligrosa red de narcopolítica que involucraba a jueces, políticos y altos funcionarios judiciales. La denominada Operación Purga surgió de las investigaciones del caso Metástasis, revelado en diciembre pasado y considerado la piedra angular de la corrupción vinculada al narcotráfico en el país.
Un total de 12 personas fueron detenidas, entre ellas 8 jueces, un exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) y varios funcionarios judiciales. Las evidencias recopiladas muestran una alarmante infiltración del crimen organizado en las esferas del poder, con jueces y autoridades que supuestamente favorecían a organizaciones criminales a cambio de sobornos millonarios.
En el allanamiento a la vivienda del exlegislador Pablo Muentes se encontraron armas de fuego, relojes Rolex, licores, joyas, documentos y fajos de billetes por más de 8.000 dólares y 505 euros. La Fiscal General, Diana Salazar, señaló que hay indicios de que los detenidos «permitieron que la política, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano».
El Consejo de la Judicatura de Guayas anunció facilidades para las investigaciones y posibles sanciones disciplinarias contra sus funcionarios implicados. El PSC, partido de Muentes, expresó que «nadie está por encima de la ley» y pidió que se concreten las acusaciones y pruebas.
Salazar aseguró que este caso «da continuidad a la depuración que requiere el país» y advirtió sobre la necesidad de «sanear el sistema judicial» de la corrupción estructural que ha sido evidenciada. El embajador estadounidense había alertado meses atrás que la justicia ecuatoriana era considerada el «premio mayor» por los narcotraficantes.
Organizaciones civiles denuncian que Ecuador enfrenta una «justicia secuestrada» por mafias y delincuentes. Según un informe, actores estatales están implicados en el tráfico de drogas y oro ilegal. El expresidente Lasso divulgó una estrategia contra el crimen organizado antes de dejar el poder, reconociendo la capacidad de las bandas para cooptar a las fuerzas de seguridad.
La combinación de narcodelincuencia y corrupción está «hundiendo al país», según expertos. El nuevo gobierno declaró un «conflicto armado interno» contra las bandas criminales y ha decomisado 65 toneladas de drogas en lo que va del año. El asesinato del candidato presidencial Villavicencio, quien denunció amenazas del narco, evidenció la gravedad de la situación.
