El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha renovado el estado de excepción en todo el país por 30 días más debido a la «grave conmoción interna». Esta medida busca mantener el orden público y combatir la violencia, restringiendo ciertas libertades.
El objetivo del estado de excepción es «garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica». La policía y las fuerzas armadas deberán actuar de acuerdo con la legislación ecuatoriana y respetando los derechos humanos.
La disposición restringe derechos como la libre movilidad, con un toque de queda zonificado desde la medianoche hasta las 5 am en áreas de mayor peligrosidad. También se limita el derecho de reunión, inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
Respecto a la correspondencia, el documento especifica que debe encaminarse a «la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier persona privada de libertad o el ocultamiento de una conducta ilícita».
El 8 de enero, Noboa declaró el primer estado de excepción de su gobierno por 60 días después de la fuga del narcotraficante Adolfo Macías, alias «Fito», de una cárcel en Guayaquil, lo que desencadenó una ola de ataques violentos.
Posteriormente, Noboa declaró que el país estaba en un «conflicto armado interno» y declaró la guerra a 22 organizaciones criminales calificadas como terroristas y «objetivo militar». Desde entonces, policías y militares realizan operativos permanentes en diferentes ciudades.
Según el último reporte oficial, durante el estado de excepción se han detenido a más de 11.300 personas, 280 acusadas de actos terroristas, 12 criminales han sido abatidos, 3 policías han fallecido y se han decomisado más de 64 toneladas de droga.
