Desde hace 100 años, el aborto terapéutico es legal en el Perú, una norma amparada en el Código Penal que permite interrumpir un embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre. La directora regional de Kallpa Cusco, Shirley Palomino Olivera, explica el derecho al aborto terapéutico, que esta medida está destinada a proteger la salud integral de las mujeres, reduciendo así el riesgo de muertes maternas y asegurando su derecho a un tratamiento seguro. Sin embargo, el conocimiento y la implementación de este derecho siguen siendo limitados, sobre todo en áreas alejadas de los centros urbanos.
Palomino Olivera subraya que existen 10 causales físicas específicas bajo las cuales el aborto terapéutico es aplicable, tales como enfermedades graves (cardiopatías, lupus, cáncer, hipertensión, entre otros) que, durante el embarazo, podrían conducir a la muerte de la madre. También se contempla una causal general, la número 11, que se extiende a cualquier situación que pueda afectar la salud mental o social de la gestante, como es el caso de las víctimas de violencia sexual.
«El aborto terapéutico es una opción que permite a mujeres que sufren daños psicológicos tras ser víctimas de abuso solicitar la interrupción de su embarazo. En estos casos, se requiere una evaluación especializada de psicólogos y ginecólogos, quienes tienen un plazo máximo de seis días para emitir un diagnóstico y aprobar el procedimiento», explicó en conversación con el programa Valgan Verdades de Pachamama Radio.
La guía técnica, implementada hace una década, establece que este procedimiento debe realizarse antes de las 22 semanas de gestación y detalla los pasos que las instituciones de salud deben seguir para asegurar el acceso oportuno y seguro a este derecho. No obstante, Palomino denuncia que en muchos centros de salud se presentan objeciones por parte de profesionales que rehúsan realizar el procedimiento por convicciones personales, lo cual vulnera los derechos de las víctimas de violencia sexual. Ante estas situaciones, se recomienda acudir a instancias como la Defensoría del Pueblo y el Centro de Emergencia Mujer.
Además, la directora alerta sobre el riesgo de los abortos clandestinos, una práctica que pone en peligro la vida de muchas mujeres, especialmente de aquellas en condiciones de pobreza que no pueden acceder a un procedimiento seguro en instituciones privadas. «La penalización del aborto en otros casos, fuera de los causales terapéuticos, obliga a muchas mujeres a recurrir a lugares clandestinos, exponiéndose a procedimientos inseguros y a riesgos de salud que pueden ser fatales», añade Palomino.
La situación de las víctimas de violación sexual es especialmente preocupante. En estos casos, niñas y adolescentes, a menudo abusadas por familiares cercanos, son sometidas a embarazos forzados debido a la falta de acceso o conocimiento de este derecho. La ley permite que, en estos casos, los padres o tutores soliciten el aborto terapéutico, e incluso, en casos de niñas en situación de desamparo, la jueza o jueces a cargo pueden interponer el pedido.
Finalmente, la directora enfatiza la urgencia de una implementación efectiva del aborto terapéutico, recordando que Perú ha recibido fallos internacionales, como el del caso «Camila», por no haber facilitado este derecho a una menor de edad víctima de abuso sexual. Estos fallos exhortan al Estado peruano a implementar mecanismos efectivos para garantizar el derecho al aborto terapéutico, especialmente en casos de violación, conforme a lo estipulado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Naciones Unidas.
«Es fundamental que las mujeres y las niñas en el Perú conozcan sus derechos reproductivos y tengan la posibilidad de decidir sobre su salud y su vida en condiciones seguras», concluye Shirley Palomino, haciendo un llamado a las autoridades sanitarias y al sistema judicial para que se garantice el acceso al aborto terapéutico, como una cuestión de salud pública y derechos humanos.
