El sistema de justicia en el Perú enfrenta una crisis sin precedentes. El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado decisiones controvertidas sobre amparos y habeas corpus presentados por investigados, revelando una parcialidad que obstaculiza la labor de fiscales y jueces, según Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).
En una entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Silva del Carpio destacó que la falta de un plan estratégico anticorrupción agrava la situación, complicando el trabajo de los operadores de justicia. El TC se ha convertido en una instancia que permite a los investigados eludir la justicia, mientras que su apoyo a las denuncias constitucionales del Parlamento contra operadores judiciales ha desestabilizado el equilibrio de poderes.
La crisis institucional no solo afecta la separación de poderes y la independencia de la justicia. También involucra a personas que se mueven entre distintos espacios de poder y forman redes que debilitan el sistema. Es fundamental identificar y dar a conocer estas redes para entender bien el alcance del problema, señaló.
La situación actual muestra una ruptura en las instituciones peruanas, donde algunos actores están trabajando para debilitar el sistema de justicia. Es importante que la sociedad reconozca a estas personas y redes que operan en la sombra, ya que son las principales responsables del deterioro institucional que enfrenta el país, concluyó.
