El Gobierno Regional de Puno enfrenta un nuevo escándalo administrativo tras revelarse un audio en el que la ingeniera Wendy Arévalo organiza una costosa celebración para el residente de obra de la Circunvalación II, Freddy Sardón Rojas. El evento, con un presupuesto de 4,195 soles, fue financiado con cuotas obligatorias de 100 a 150 soles solicitadas a los trabajadores, lo que ha generado indignación pública y podría configurar el delito de cohecho pasivo, según el abogado Iván Trujillo.
En el audio, se detalla que los especialistas debían aportar 150 soles, mientras que el personal técnico y de apoyo debía contribuir con 100 soles. Freddy Sardón, el homenajeado, aportaría 1,000 soles para sus invitados personales. La celebración, programada para el 31 de enero en Puno, incluía un servicio de catering premium, decoración en azul eléctrico, arreglos florales, champagne y platillos gourmet para 50 asistentes.
Los gastos adicionales del evento incluían la contratación de un DJ por 180 soles, una torta temática para 60 personas valorizada en 220 soles y la compra de cinco cajas de cerveza a 80 soles cada una. Estos detalles han aumentado el malestar entre los trabajadores y la ciudadanía, quienes cuestionan el uso de recursos en medio de necesidades urgentes en la región.
Los trabajadores que se negaron a contribuir económicamente para la celebración fueron despedidos de manera sorpresiva. Según se conoció, se solicitaron destituciones ante el área de recursos humanos del Gobierno Regional de Puno, lo que ha sido interpretado como una represalia por no participar en el evento.
El caso ha desatado fuertes cuestionamientos sobre la ética en la gestión pública. Las acciones podrían configurar el delito de cohecho pasivo propio, al condicionar la permanencia laboral a la entrega de aportes económicos para beneficio personal de un funcionario. Las autoridades enfrentan presión para investigar y sancionar a los responsables.
El escándalo ha generado un clima de desconfianza hacia la administración regional, mientras los trabajadores y ciudadanos exigen transparencia y medidas concretas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. La fiscalía y los órganos de control ya han sido alertados sobre el caso.
