La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, anunció que retomará personalmente las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte tras su vacancia reciente. Cuestionó los cambios realizados por el fiscal interino Juan Carlos Gálvez en áreas sensibles como la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales. Boluarte enfrenta nueve denuncias constitucionales, tres archivadas irregularmente, y once investigaciones adicionales en trámite por diversos delitos. La audiencia para determinar el impedimento de salida se realizará próximamente, con solicitudes que oscilan entre 18 y 36 meses.
Espinoza solicitó respetuosamente a Gálvez que se abstuviera de realizar cambios durante su interinato, argumentando que los equipos conformados trabajaban con logros importantes. Sin embargo, el fiscal interino procedió a remover gerentes en lugares estratégicos. «No se trata de poner a los amigos, de poner a los conocidos», señaló Espinoza al cuestionar las designaciones realizadas. La confianza radica en el bien hacer y el buen trabajo, defendió, añadiendo que siempre ha reclutado a los mejores elementos por referencias y currículums verificables.
El caso más controversial involucra el nombramiento de Silvia Ávila en la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales. Esta funcionaria enfrenta acusación penal por falsedad ideológica. Gálvez también reemplazó fiscales experimentados sin cuestionamientos ni denuncias en la misma fiscalía de la nación. Espinoza anunció que revertiría estos cambios al retomar el cargo, priorizando profesionales intachables con conocimientos en casos complejos anticorrupción.
Archivos irregulares y casos pendientes contra Boluarte
Entre las nueve denuncias constitucionales contra Boluarte, tres fueron archivadas de manera irregular según Espinoza. Los casos Rolex y las dos primeras carpetas de protestas sociales con muertos y heridos fueron tramitados apresuradamente en el Congreso. «No han sido bien tramitados y se han adelantado a un archivo que no debió darse», afirmó categóricamente la fiscal. Estos archivos no pueden considerarse cosa decidida porque no siguieron el debido proceso establecido por ley.
Las once investigaciones restantes permanecen en trámite por diversos delitos que incluyen operaciones estéticas no declaradas. Espinoza confirmó que se ocupará personalmente de todas las denuncias, cuidando los plazos para evitar demoras. «Estamos tramitándolas y sería una de las acciones que emprendería», aseguró respecto al seguimiento de los casos. El antejuicio corresponde a la expresidenta, quien debería enfrentar restricciones de movilidad según los fiscales a cargo de las investigaciones pendientes.
Gálvez solicitó 18 meses de impedimento de salida para Boluarte, mientras otro fiscal pidió 36 meses por un caso anterior a su presidencia. La audiencia correspondiente se realizará en los próximos días. Espinoza mantuvo una postura técnica respecto a su colega Patricia Benavides, señalando que todos los comentarios son a nivel jurídico. «No tienen que convertirnos en enemigo de nadie», concluyó, desmarcándose de interpretaciones periodísticas que las ubican en posiciones antagónicas dentro del sistema judicial peruano.
