La venta ilegal de chips telefónicos activados se mantiene activa en el centro de Lima, a pesar del endurecimiento de penas que establece la ley 32451 promulgada en septiembre pasado. Un periodista compró un chip de Entel por 20 soles sin entregar ningún dato personal, solo pronunciando la frase clave «estoy buscando comprar este chip activado». El titular original del número posee seis líneas más a su nombre y desconoce cuatro de ellas.
Miles de peruanos son víctimas de este delito silencioso que permite a organizaciones criminales perpetrar extorsiones mediante líneas telefónicas ajenas. El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, denunció en Palacio de Gobierno que «se venden como caramelos y nadie está sancionando a las empresas». Las consultas del Ministerio Público sobre líneas vinculadas a delitos pasaron de 220 en 2020 a más de 90,000 en 2025, evidenciando el crecimiento exponencial del problema.
La normativa vigente solo penaliza al vendedor ambulante con cárcel de uno a nueve años, pero excluye responsabilidad penal para funcionarios de operadoras telefónicas. Luis Pacheco, director de fiscalización de Osiptel, confirmó que trabajan con las empresas en un sistema informático para trazabilidad accesible a policía y fiscalía. Rafael Muente, director suspendido de Osiptel, señala que un párrafo que responsabilizaba penalmente a altos funcionarios fue eliminado del texto final aprobado por el Congreso.
Operadoras acumulan millonarias multas impagas por venta irregular
Osiptel ha emitido sanciones contra operadoras por más de 125 millones de soles entre 2019 y 2025 por incumplimiento en condiciones de venta ambulatoria. Las empresas no han pagado ni un sol porque judicializaron los procesos argumentando vulneración del derecho a libre comercialización. Las operadoras, representadas por AFIN, afirman cumplir estándares internacionales de verificación biométrica, pero la evidencia demuestra que esto no ocurre en todos los casos de activación.
El comunicador Alonso Cornejo descubrió que tenía una línea Entel a su nombre que nunca contrató, originalmente abierta en Claro y portada mediante suplantación de identidad. El Ministerio Público identificó a dos personas y un puesto responsables en su caso, que afecta a cientos de víctimas más. Desde 2022, Osiptel ordenó dar de baja más de 1 millón y medio de líneas mal contratadas, aunque actualmente identifican aproximadamente 50,000 activaciones irregulares activas.
La crisis de seguridad demanda abordar el comercio ilícito de chips más allá de toques de queda y presencia militar en calles. El proceso actual involucra distribuidores que comercializan productos de operadoras mediante ambulantes, creando una cadena que facilita delitos como extorsión. La normatividad vigente resulta insuficiente para combatir un problema que conecta directamente empresas de telecomunicaciones con criminalidad organizada, mientras Osiptel desarrolla herramientas informáticas prometidas sin fecha definida de implementación.
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