Raúl Samillán Zanga, presidente de la asociación de víctimas y mártires de las protestas 2022-2023, remarcó que el gobierno de Dina Boluarte es responsable directa e indirectamente de 4,731 fallecidos en el país. La cifra incluye víctimas por inseguridad nacional y asesinatos durante manifestaciones sociales ocurridas desde diciembre del 2022 hasta la fecha.
Las protestas del 2022 y 2023 dejaron aproximadamente 50 fallecidos de manera directa, según precisó Samillán durante una entrevista radial. «La señora Dina, este congreso no les basta haber quitado más de 50 vidas durante el 2022, 2023», expresó el dirigente. Adicionalmente, confirmó que indirectamente murieron otras 20 personas, incluyendo siete efectivos militares en Ilave tras los conflictos sociales.
El presidente de la asociación sostiene que la inseguridad ciudadana, producto de las políticas gubernamentales, ha cobrado 4,660 víctimas mortales a nivel nacional. «A causa de la promulgación de esas leyes de este gobierno y de este congreso, muchas otras familias perdieran a sus seres queridos», declaró Samillán. Esta cifra representa el impacto indirecto de las medidas adoptadas por el actual gobierno.
Los recientes conflictos mineros en Arequipa sumaron una víctima mortal adicional a las estadísticas, confirmando la continuidad de la violencia estatal. «Ha quitado la vida prácticamente de un hermano minero», denunció el dirigente. Las protestas mineras han dejado además múltiples heridos, evidenciando la persistencia de la represión gubernamental contra manifestaciones sociales legítimas.
La situación de los sobrevivientes de las protestas anteriores presenta un panorama alarmante según el testimonio de Samillán Zanga. Más de 1,500 personas heridas permanecen «totalmente abandonadas» por el Estado, convirtiéndose en «una carga dentro de sus familias». Diego Cristian Livisi, uno de los heridos, enfrenta posible meningitis debido a perdigones que ingresan a su cerebro.
Para los días 28 y 29 de julio, la asociación organizará una marcha fúnebre en Lima que incluirá la participación de organizaciones nacionales. «Vestirnos de luto todos y sacar los cincuenta cajones de los asesinados», explicó Samillán. La manifestación buscará mostrar el dolor de las familias y exigir justicia ante la indiferencia gubernamental
La marcha fúnebre del 28 de julio recreará las manifestaciones de luto ocurridas en Juliaca el 12 de enero del 2023. «Había miles, miles de personas acompañando vestidos de luto, las casas enlutadas con banderas negras», recordó el dirigente. El objetivo es sensibilizar a la población limeña sobre el impacto de la violencia estatal en las regiones.
Las familias de las víctimas enfrentan extrema pobreza y dificultades para costear los procesos judiciales tras más de dos años de lucha. «Para nosotros el continuado de esta lucha es un poco difícil porque muchos no tienen para satisfacer necesidades básicas», explicó Samillán. La organización realizó actividades de recaudación de fondos para financiar su viaje a la capital y continuar exigiendo justicia.
