El dirigente Félix Suasaca Suasaca señaló que grupos ligados a sectores políticos lo amenazan tras exponer supuestas irregularidades en el uso de una camioneta del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca que sufrió un accidente en Cusco el 10 de julio.
El vehículo involucrado pertenece al programa para fortalecer la producción lechera en la cuenca Coata, fue destinado a movilizar ingenieros para inseminación bovina, pero terminó trasladando funcionarios del proyecto rumbo al aeropuerto de Juliaca en circunstancias que no corresponden a los lineamientos del uso oficial.
El director encargado Albert Castillo Tamayo autorizó ese viaje con el memorando 244-2025, y viajaban en la camioneta tres funcionarios, incluidos el mismo director, la bióloga Uriel Flores Medina y Alexander Yupanqui Tito, conocido por su cercanía política con figuras nacionales.
El accidente ocurrió pasada las once de la noche en la vía Puno-Cusco, a la altura de Tinta, y la Policía trasladó a los heridos al hospital de Sicuani, sin precisarse al momento el estado actual de la unidad ni de los ocupantes.
Suasaca detalló que el proyecto cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de soles, como parte de una inversión de 32 millones para Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Paucarcolla, y lamentó que obras complementarias permanezcan paralizadas por presuntos malos manejos administrativos.
El entrevistado señaló que contratan empresas externas, muchas del centro del país con vínculos políticos notorios, en detrimento de empresas puneñas, cuestionando públicamente la falta de oportunidades para trabajadores de la región.
Suasaca mencionó a quienes han dirigido el proyecto provenientes de Lima, Tumbes y regiones del norte, asociados a intereses nacionales, por lo que exige la salida inmediata del actual director y de funcionarios ajenos a la región.
Manifestó que el servicio de inseminación presenta fallas graves según los beneficiarios, quienes denuncian deficiencias y resultados insatisfactorios en el ganado, lo que suma inquietud entre los productores afectados.
El entrevistado anunció movilizaciones regionales para el 25 y el 28 de enero, con el objetivo de exigir que la Fiscalía y la Contraloría investiguen a fondo la gestión y administración de los recursos públicos asignados al proyecto.
Por último, pidió un informe transparente sobre el estado de la camioneta accidentada y demandó a los alcaldes de distritos involucrados que vigilen la correcta implementación de este programa para evitar que fondos millonarios se diluyan lejos de los objetivos de desarrollo rural.
