lunes 25, agosto 2025
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Fiscal ordena investigar a funcionarios de acora por destitución ilegal

El ex procurador municipal de Acora denunció que fue destituido sin respaldo legal por funcionarios que ahora son investigados por presunta usurpación de funciones

Fiscalía de Puno ordenó investigar a tres funcionarios de Acora por destituir sin facultad legal al ex procurador municipal, el proceso genera dudas sobre su transparencia

La Fiscal Superior de Puno, ordenó al Fiscal de Acora investigar a tres funcionarios del Municipio de Acora por el delito de usurpación de funciones. Abel Huarcaya Montaño, Wilber Mamani Paxi y Fredy Yanapa Ochochoque habrían destituido ilegalmente al ex Procurador Municipal Gustavo López Llanos, según la denuncia interpuesta por López Llanos y la Procuradora General del Estado, Carmen Guadalupe Joaquín Abanto.

La investigación se basa en la Resolución Gerencial N° 014-2024-MDA-GM/OS, emitida el 18 de enero, mediante la cual los funcionarios habrían actuado sin autoridad legal para remover a López Llanos de su cargo. El fiscal Machaca Luque en fecha 7 de febrero del 2025 formalizó la investigación preparatoria, aunque existen cuestionamientos sobre su imparcialidad debido a quejas previas ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta inconducta funcional.

Gustavo López Llanos expresó dudas sobre la transparencia del proceso, señalando que el fiscal podría no actuar con neutralidad. Las quejas presentadas contra Machaca Luque agregan un elemento de controversia al caso, ya que podrían influir en el desarrollo de la investigación.

La disposición del Fiscal Superior, bajo el número 33-2025-MP-SFSP-DF-Puno, marca un punto crucial en el caso, ya que implica que los funcionarios investigados podrían enfrentar cargos formales por usurpación de funciones. Este delito se tipifica cuando una persona asume atribuciones que no le corresponden, afectando la estructura legal de una institución.

El caso ha generado expectativa en la población de Acora, donde se cuestiona el manejo de las autoridades locales y la posible afectación de los derechos laborales. La investigación podría sentar un precedente sobre el cumplimiento de las normas en el ejercicio de funciones públicas en la región.

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