El Ministerio Público ha formalizado una investigación preparatoria por presunto cobro de cupos a cambio de puestos de trabajo en la Municipalidad Provincial de Azángaro, señalando como principales implicados al alcalde Salvador Apaza Flores y a la regidora Dianna de la Flor Vilca Cotacallapa, hechos que afectan directamente la confianza ciudadana en la gestión pública.
Según el expediente fiscal, la investigación se centra en la presunta solicitud de pagos de hasta quinientos soles para acceder a trabajos temporales en áreas de limpieza y guardianía, donde los nombres de los beneficiarios eran coordinados por funcionarios municipales y sus allegados, lo que ha generado preocupación y malestar entre la población de Azángaro.
El caso se inició tras la denuncia de Delia Roxana Calcina Quispe, quien relató que fue contactada por Yudy Lizet Vilca Cotacallapa, hermana de la regidora Dianna, para ofrecerle un puesto de trabajo a cambio de una comisión, situación que quedó registrada en mensajes y audios presentados ante la Fiscalía.
La investigación revela que la captación de personas interesadas en trabajar se realizaba principalmente a través de mensajes de WhatsApp y llamadas, donde se solicitaban datos personales y se coordinaban los pagos, lo que permitió a la Fiscalía recabar pruebas documentales y testimonios de otras personas que también habrían entregado dinero por un puesto.
En los chats analizados, se observa cómo Yudy Lizet Vilca Cotacallapa pedía a las postulantes sumas de dinero y luego remitía las listas de nombres y datos a su hermana Dianna, quien a su vez las enviaba al alcalde Salvador Apaza Flores para su aprobación y designación en los diferentes puestos municipales.
El expediente fiscal detalla que los pagos solicitados no garantizaban una permanencia en el trabajo, ya que quienes no cumplían con la entrega del dinero eran retirados o reemplazados rápidamente, generando un ambiente de incertidumbre y presión entre los trabajadores temporales de la municipalidad.
Testimonios recogidos por la Fiscalía, como el de Roseline Edith Machaca Peralta, confirman que se solicitaba un pago de quinientos soles para obtener un puesto de guardianía, y que en algunos casos solo se pudo entregar parte del dinero por la difícil situación económica de los postulantes.
La regidora Dianna de la Flor Vilca Cotacallapa, en sesión de concejo municipal, negó haber ordenado o participado en los cobros, argumentando problemas familiares y señalando que la investigación debe esclarecer la responsabilidad de cada persona, postura que ha sido registrada en actas oficiales y videos de la municipalidad.
El alcalde Salvador Apaza Flores, según las comunicaciones revisadas por la Fiscalía, recibía directamente las listas de nombres para asignar los cupos de trabajo, lo que refuerza la hipótesis fiscal sobre una coordinación interna para el reparto de puestos a cambio de dinero, afectando la transparencia institucional.
La investigación también involucra al subgerente de Servicios Públicos, Paul Jhoedan Quispe Choquehuanca, quien habría facilitado la contratación irregular de personal, y a otros funcionarios que figuran en las listas manuscritas junto a los nombres de los postulantes, aunque algunos regidores han declarado no conocer el origen de esas listas.
La Fiscalía ha dispuesto un plazo de ciento veinte días para reunir todos los elementos de convicción y determinar si corresponde formular acusación formal, mientras tanto, los implicados continúan bajo investigación y se ha solicitado el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones para esclarecer las comunicaciones entre los involucrados.
Este caso ha generado un debate público en Azángaro sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la contratación de personal municipal y evitar que prácticas como el cobro de cupos sigan afectando la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y en la gestión de los recursos públicos.
