Nueve meses después del escándalo nacional del programa Qali Warma, que habría provocado la intoxicación masiva de niños en la institución educativa Gamaliel Churata del distrito de Cabana, provincia de San Román, después de consumir conservas Don Simón, proporcionadas por programa, la sanción administrativa a Ronald Alfredo Loza Machicao divide opiniones sobre su proporcionalidad frente a la gravedad del delito.
El responsable de la Unidad de Higiene e Inocuidad Alimentaria de la Dirección Regional de Salud de Puno, fue suspendido sin goce de haberes por 365 días tras recibir sobornos para encubrir productos en mal estado del programa Qali Warma.
Juan Carlos Mendoza Velásquez, subdirector de DIRESA, confirmó que la sanción puede ser apelada por el funcionario, quien además enfrenta prisión preventiva de 36 meses dictada por las autoridades correspondientes. La investigación administrativa se basó en conversaciones de WhatsApp expuestas en octubre de 2024, donde Loza coordinaba el encubrimiento con empleados de Frigoinca, empresa que dotó de los productos en aparente mal estado.
Mendoza aseguró que no se consideró necesaria la destitución del funcionario a pesar de la gravedad del delito, argumentando que según los actuados administrativos no le correspondía esa sanción máxima institucional.
Las pruebas incluyeron declaraciones públicas de Noemí Alvarado, empleada de Frigoinca, quien admitió haber pagado sobornos a Loza Machicao para alterar muestras de alimentos y proteger a la empresa proveedora.
La Gerencia de Desarrollo Social realizó la intervención correspondiente tras determinar violación al principio de probidad, que exige a servidores públicos actuar con honestidad y priorizar el interés general sobre el personal.
DIRESA Puno prometió reforzar controles para evitar situaciones similares, mientras el funcionario tiene 15 días hábiles para apelar la decisión administrativa que ha generado debate sobre la efectividad de las sanciones aplicadas.
