Mediante Decreto Supremo N° 017-2023-PCM, el Gobierno central prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en 100 distritos de las 13 provincias de la región Puno, por peligro inminente ante déficit hídrico; sin embargo, una vez más esta declaratoria se da sin presupuesto.
Los distritos declarados en situación de emergencia son: en la provincia de Azángaro: Asillo, Azángaro, Tirapata, San Juan de Salinas, Caminaca, Samán, Achaya, Chupa, Santiago de Pupuja, José Domingo Choquehuanca, Arapa, Muñani, Potoni, San Antón y San José; en la provincia de Carabaya: Ollachea, Ajoyani, Ituata, Usicayos, Crucero, Corani y Macusani; en la provincia de Chucuito: Pisacoma, Kelluyo, Desaguadero, Huacullani, Zepita, Pomata y Juli; en la provincia de El Collao: Capaso, Santa Rosa, Conduriri, Ilave y Pilcuyo.
En la provincia de Huancané: Pusi, Taraco, Cojata, Inchupalla, Rosaspata, Huancané, Vilquechico y Huatasani; en la provincia de Lampa: Cabanilla, Santa Lucía, Pucará, Calapuja, Paratía, Palca, Lampa, Nicasio, Vilavila y Ocuviri; en la provincia de Melgar: Umachiri, Ayaviri, Cupi, Orurillo, Macari, Nuñoa, Santa Rosa, Llalli y Antauta; en la provincia de Moho: Tilali, Conima, Moho y Huayrapata; en la provincia de Puno: San Antonio, Pichacani, Chucuito, Puno, Tiquillaca, Paucarcolla, Atuncolla, Coata, Huata, Capachica, Acora, Mañazo, Vilque, Amantani y Platería.
En la provincia de San Antonio de Putina: Quilcapuncu, Pedro Vilcapaza, Ananea, Putina y Sina; en la provincia de San Román: Cabanillas, Cabana, Caracoto, Juliaca y San Miguel; en la provincia de Sandia: Patambuco, Quiaca y Cuyocuyo; y en la provincia de Yunguyo: Copani, Cuturapi, Anapia, Unicachi, Yunguyo, Ollaraya y Tinicachi.
La norma refiere que el Gobierno Regional de Puno y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Desarrollo e Inclusión Social, Interior y de Defensa; además de instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Agrega que la implementación de las acciones previstas en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, es decir, no tiene presupuesto.
