El Gobierno Regional de Puno no actúa contra la contaminación minera en el río Ramis porque los análisis de agua se realizan en laboratorios que no tienen certificación oficial. Según un informe de la Contraloría, esta irregularidad impide sancionar a las empresas responsables.
La Dirección Regional de Energía y Minas no notifica los resultados de las muestras, aunque estas superan los límites permitidos de calidad ambiental. Sin la validación del INACAL, las autoridades no pueden iniciar procesos administrativos, a pesar de que ya hay evidencia de contaminación.
El documento, emitido el 12 de agosto, advierte que la demora en actuar pone en riesgo la salud de miles de familias que consumen agua del río Ramis y sus afluentes. La cuenca abastece a zonas agrícolas, ganaderas y poblados, pero la falta de rigor en los procedimientos frena cualquier acción legal.
El problema no es la ausencia de pruebas, sino su falta de validez legal. Aunque los estudios detectaron irregularidades, no sirven para aplicar sanciones, lo que permite que la minería siga operando sin restricciones.
El informe no detalla un monto económico afectado, pero el impacto social es grave. Agricultores y ganaderos enfrentan pérdidas en cultivos y ganado, además de riesgos para la salud por el consumo de agua contaminada.
La población exige soluciones, pero las autoridades aún no ofrecen respuestas concretas. Mientras tanto, la contaminación sigue avanzando sin que haya medidas para detenerla.
