La nueva ley de amnistía aprobada en el Perú reproduce esquemas similares a los aplicados durante los años 90, según advirtió la abogada Cruz Silva del Carpio, del Instituto de Defensa Legal (IDL). La especialista señaló que esta normativa es incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos que el país suscribió de manera soberana en décadas pasadas.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Silva explicó que el ordenamiento jurídico peruano establece que los derechos constitucionales deben interpretarse conforme a los tratados internacionales, en especial la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el Perú desde los años 80.
La abogada alertó que delitos graves como tortura, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales consideradas actos de tortura y desapariciones forzadas estarían cubiertos por esta nueva amnistía. Esto contraviene principios constitucionales fundamentales y, por tanto, le resta validez jurídica a la norma, sostuvo.
Silva afirmó que esta medida vulnera diversos derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, la dignidad humana, el derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Todos estos están protegidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por el Estado.
Control difuso: herramienta judicial contra la impunidad
Asimismo, recordó que los jueces peruanos tienen la obligación constitucional de aplicar el control difuso, es decir, analizar si una ley es compatible con la Constitución en cada caso concreto. Esto incluye verificar si se respetan los derechos de las víctimas y la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial para investigar responsabilidades.
La especialista también rechazó el discurso oficial que presenta la adhesión a tratados internacionales como un «sometimiento a entes extranjeros». Afirmó que esta narrativa constituye desinformación y la comparó con posturas adoptadas por regímenes autoritarios, como el de Nicaragua, para eludir la supervisión internacional.
En ese sentido, recordó los casos emblemáticos de Barrios Altos y La Cantuta, en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó investigar ejecuciones extrajudiciales, entre ellas las de un niño de siete años y varios estudiantes universitarios. Estos hechos demostraron la importancia de contar con mecanismos internacionales de protección.
Silva señaló que la violencia estatal registrada durante las protestas de 2022 y 2023, como las ocurridas el 15 de diciembre en Ayacucho y el 9 de enero en Juliaca, refleja la continuidad de patrones represivos. Por ello, consideró indispensable el acompañamiento internacional para proteger a la población civil.
