Una sobreoferta de sicarios a bajo costo permite que conflictos cotidianos en el Perú, desde disputas vecinales hasta problemas matrimoniales, se resuelvan mediante asesinatos por encargo. Esta situación ocurre mientras el país enfrenta una peligrosa escalada de discursos fascistas y el Congreso aprueba la restitución de la inmunidad parlamentaria, advirtió Jennie Dador, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, señaló que la inmunidad parlamentaria, tal como ha sido aprobada, protege delitos comunes sin relación con la labor legislativa, creando un manto de impunidad que dificulta las investigaciones judiciales. Algunos congresistas están involucrados en casos de violación sexual, omisión de asistencia familiar y otros delitos graves.
“La inmunidad solo debería aplicarse cuando se trate de hechos vinculados al ejercicio de la función parlamentaria”, afirmó la abogada, quien sostuvo que delitos como el incumplimiento de obligaciones alimentarias no deben contar con esa protección especial.
Actualmente, para levantar la inmunidad parlamentaria es necesario que el propio Congreso lo apruebe, lo que otorga margen para la fuga de investigados, salvo en casos de flagrancia. Esta práctica contribuye a la crisis de impunidad que atraviesa el país, indicó Dador.
Grupos fascistas intensifican ataques sistemáticos
En paralelo, grupos autodenominados como “la resistencia”, “los combatientes” o “los patriotas”, vinculados a ideologías fascistas, atacan sistemáticamente a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas ambientales. Usan discursos de odio y violencia simbólica, especialmente en redes sociales, indicó.
Ante esta situación, la CNDDHH logró que la Junta Supervisora de Meta emitiera una resolución histórica, tras denunciar publicaciones con imágenes ensangrentadas dirigidas contra defensores. Ahora, la empresa está obligada a considerar el contexto sociopolítico de cada país al evaluar denuncias de contenido.
“Meta debe entender cómo el espacio cívico se ha ido reduciendo en países como el Perú”, remarcó Dador. Añadió que es fundamental no normalizar ni dejar pasar los ataques de estos grupos extremistas, que buscan silenciar voces críticas.
La resolución también obliga a Meta a realizar un muestreo anual de contenidos y reforzar la supervisión. Mientras tanto, organizaciones civiles trabajan en capacitar a la ciudadanía en verificación de fuentes y combate a la desinformación, especialmente en períodos electorales.
