El abogado Efraín Sullca asegura que el informe preliminar de la CIDH será clave para enjuiciar a la presidenta del país y a los responsables de los abusos cometidos durante las protestas sociales.
Los altos mandos del país son conscientes de que habrá consecuencias penales tras el informe preliminar de la CIDH, afirma Sullca, quien exhorta al Ministerio Público a actuar de forma imparcial y no improvisada.
La instalación de la fiscalía de derechos humanos en San Román, Juliaca, donde se encuentran las carpetas fiscales de investigación de las víctimas de las protestas, es un paso importante en el proceso, según el abogado.
Sullca está convencido de que la comisión ya ha dado un informe final que se va a oralizar como elemento de prueba en el proceso, y que habrá responsabilidades que asumir en este caso.
