Javier Bernal Salas, presidente de la Asociación de Pequeña Minería y Minería Artesanal de Sandia Carabaya y coordinador regional de la Confederación Minera, sostiene que este sector se verá obligado a trabajar bajo la ilegalidad tras el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Manifestó que a nivel nacional son aproximadamente 87 mil registros que involucran a 400 mil operadores mineros, el sector teme quedar fuera de la legalidad por la falta de un marco legal que regule su actividad; a pesar, de haber contado con más de diez años para alcanzar su formalidad.
Bernal Salas señaló que el Estado ha fracasado en el proceso de formalización, logrando apenas un 2% de formalización a nivel nacional en 12 años de existencia del Reinfo, a pesar de que esta iniciativa representa el sostén laboral de casi cuatro millones de personas vinculadas directa e indirectamente a la actividad minera.
Señala que la problemática se agrava por la ausencia de una ley marco para la pequeña minería, cuyo proyecto debía ser presentado por el Ejecutivo hace más de dos años y medio, situación que complica la consolidación legal del sector antes del vencimiento del actual registro. El representante minero atribuyó el fracaso del Reinfo principalmente a dos factores: la corrupción sistemática en los procesos de fiscalización y la falta de presupuesto en las direcciones regionales para acompañar la formalización de los mineros.
Bernal Salas sostuvo que los procesos burocráticos actuales prácticamente empujan a los mineros hacia la ilegalidad, con trámites que pueden tardar hasta seis meses y limitan la capacidad de los pequeños mineros para operar formalmente, incluyendo la obtención de permisos para explosivos, uso de insumos químicos y apertura de cuentas bancarias.
Al ser consultado acerca de la diferencia entre la práctica de la minería artesanal e ilegal y el uso de maquinarias para esta labor; además de los problemas que presenta en el sector como la contaminación ambiental. El dirigente argumentó que el problema no se limita a un sector, sino que refleja la informalidad estructural del país, donde el 85% de la economía opera en la informalidad, pero la minería ha sido señalada específicamente por intereses de grandes monopolios mineros; justificando así el pedido de ampliar este proceso de formalización.
Como solución, propuso un modelo similar al chileno, donde el Estado compra minerales, facilita la trazabilidad, y brinda apoyo integral a los pequeños mineros, algo que en Perú no ocurre debido a la influencia de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo.
La situación podría prolongarse, según Bernal Salas, requiriendo de uno a dos años para realizar un censo nacional que permita sanear las operaciones mineras y crear un marco legal coherente que regule efectivamente el sector.
Desde su punto de vista, los intentos de avanzar en la legislación se han visto obstaculizados en el Congreso, con reuniones de la comisión de minería interrumpidas y postergadas, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de resolver el problema antes del vencimiento del Reinfo.
De no ampliarse el registro, los mineros advierten que continuarán trabajando, pero en la ilegalidad, lo que podría incrementar los riesgos ambientales y laborales, sin supervisión ni posibilidad de implementar medidas de remediación y control que garanticen una explotación responsable.
