El coronel PNP Raúl Genaro Acosta Vera, jefe de la división policial de San Román, se pronunció categóricamente sobre dos efectivos del distrito de San Miguel acusados de exigir sobornos mediante la plataforma Yape durante enero pasado. La investigación está a cargo de inspectoría y Fiscalía Anticorrupción, quienes dispusieron prisión preliminar para determinar la participación de ambos uniformados en estos hechos de corrupción.
«Para mí ya dejó de ser policía y hay que tratarlo como se merece», declaró enfáticamente el coronel Acosta durante una conferencia de prensa en la provincia de San Román. El alto oficial subrayó que estos efectivos «manchan la imagen institucional» y deben ser tratados como delincuentes, descartando cualquier tipo de protección o falso espíritu de cuerpo hacia los involucrados.
Con apenas 25 días al mando de la división, Acosta identificó múltiples factores que contribuyen a la corrupción policial en la región. Entre las causas principales mencionó «la formación de casa, la formación profesional, la falta de valores, falta de ética y moral, falta de profesionalismo y estudios profesionales básicos». Estas deficiencias sistémicas requieren intervención inmediata para restaurar la confianza ciudadana.
El coronel anunció estrategias concretas para combatir la delincuencia y recuperar la credibilidad institucional. «Queremos que haya más presencia policial en las calles, especialmente en los puntos críticos de la ciudad», explicó mientras detallaba la reorientación de servicios. Las unidades especializadas sin actividades propias recibirán doble asignación para reforzar la seguridad en zonas de mayor incidencia delictiva.
La problemática de corrupción no es nueva en la institución policial puneña, reconoció Acosta al admitir que «en toda institución y en toda organización hay buenos, malos y regulares». Sin embargo, prometió visitar diferentes unidades para «sensibilizar, capacitar y reflexionar» sobre el verdadero rol policial como servicio de protección y ayuda social, no de extorsión ciudadana.
«Nosotros no vamos a solapar, no vamos a hacer falso espíritu de cuerpo con ese tipo de policías», enfatizó el jefe de la división policial al referirse a su política de tolerancia cero. La declaración marca un cambio de paradigma en el manejo de casos de corrupción, priorizando la transparencia y el castigo ejemplar por encima de la protección corporativa tradicional.
El proceso judicial contra los dos efectivos continúa bajo supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, mientras las autoridades policiales implementan medidas preventivas. La carpeta fiscal iniciada en enero busca esclarecer completamente las circunstancias del intento de soborno y determinar si existen más casos similares en la jurisdicción de San Miguel y otras comisarías de la región.
Acosta concluyó reafirmando el compromiso institucional con la recuperación de «la mística policial» y el fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía. «Nuestra misión es única y es en pro de la sociedad», declaró, mientras promete continuar la lucha contra la corrupción interna para restaurar la confianza pública en la Policía Nacional del Perú en Puno.
