La doctora María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, elevó al pleno una propuesta para suspender preventivamente por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela. La medida cautelar busca apartarla de cualquier cargo en el Ministerio Público mientras se resuelve el procedimiento disciplinario en su contra por presuntas faltas graves.
El informe número 46 presenta dos imputaciones principales contra la fiscal Espinoza. La primera señala que se negó a cumplir el mandato de reincorporar a Patricia Benavides como fiscal de la nación. La segunda acusación indica que incitó a trabajadores del Ministerio Público a manifestarse contra las resoluciones de la JNJ.
La propuesta genera controversias jurídicas según el exprocurador Luis Vargas Valdivia, quien considera el pedido «jalado de los cabellos». Vargas señala que Patricia Benavides ya se reincorporó como fiscal suprema, no como fiscal de la nación. «No tiene sentido abrir proceso administrativo sancionador por negarse a cumplir ese mandato», declaró el especialista.
Cuestionamientos al procedimiento de la JNJ
El procedimiento enfrenta críticas por supuestas irregularidades en el proceso de votación de la JNJ. La junta de fiscales supremos había solicitado que se remitiera la resolución sobre Benavides señalando incumplimiento del requisito de unanimidad. Los siete miembros de la junta debían votar, pero solo firmaron seis según los cuestionamientos presentados.
La situación se complica por el contexto institucional actual de la propia JNJ. El presidente Gino Ríos enfrenta cuestionamientos por no reunir requisitos para su designación, específicamente por antecedentes de violencia familiar. La crisis institucional afecta la legitimidad de las decisiones que pueda adoptar el organismo de control.
El plazo establecido para la suspensión se basa en el artículo 91 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios. La medida cautelar tendría vigencia durante los seis meses que dure la investigación disciplinaria. El documento fue trasladado oficialmente a Espinoza Valenzuela conforme al artículo 88 del mismo reglamento.
Impacto en la estructura del Ministerio Público
Una eventual suspensión de Espinoza generaría cambios significativos en la conducción del Ministerio Público. El fiscal supremo más antiguo, Pablo Sánchez, asumiría temporalmente el cargo según la normativa vigente. La junta de fiscales supremos quedaría reducida a cuatro integrantes incluyendo a Patricia Benavides y Tomás Gálvez.
La composición resultante presenta desafíos operativos para la toma de decisiones institucionales. Con un número par de integrantes, se requeriría voto dirimente en casos de empate. Pablo Sánchez enfrenta problemas de salud que podrían reducir aún más el número de fiscales supremos activos.
Las opciones de defensa legal para Espinoza incluyen oposición en audiencia y recursos de garantía constitucional. Vargas Valdivia advierte sobre intentos de «descabezar y coptar al Ministerio Público» mediante estas maniobras. La fiscal puede recurrir hasta instancias supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos si fuera necesario.
