Edwin Poire Huanca, director de Fe y Derechos Humanos de San Román, rechaza categóricamente la intención de la presidenta Dina Boluarte de buscar una amnistía personal tras los hechos sangrientos ocurridos en la provincia de San Román durante las protestas sociales.
El defensor de derechos humanos considera que la propuesta de ley de amnistía impulsada por Fernando Rospigliosi representa una estrategia para «justificar que los que han alzado la protesta serán terroristas» y facilitar que tanto Boluarte como Rospigliosi se acojan a esta normativa.
Poire Huanca califica de «aberrante» la intención gubernamental y la compara con la ley de amnistía del gobierno de Fujimori, recordando que «en el tiempo de Fujimori también hizo hacer una ley de amnistía, la cual el Congreso en esos tiempos la población se opuso».
El activista fue testigo directo de la muerte de Gabriel López, quien «tenía alrededor de 80 perdigones en la espalda» y vendía refrescos junto a su esposa cuando fue abatido por las fuerzas del orden durante los enfrentamientos en Juliaca.
«No son terroristas, son gente humilde, trabajadores», afirma Poire Huanca sobre las 18 víctimas fatales de Juliaca, destacando que conoce personalmente a las familias afectadas y que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU han visitado la zona.
El director critica duramente a Rafael López Aliaga por su campaña política y acusa a diversos poderes del Estado de secundar la propuesta de amnistía, incluyendo congresistas, fiscales, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
Exhorta a la población a investigar la verdad y rechazar las «mentiras» de quienes buscan «tergiversar la realidad» del país, advirtiendo sobre la existencia de «poderes mafiosos» que amenazan la democracia nacional.
