La comisión de Presupuesto del Congreso aprobó proyectos para nombrar trabajadores CAS al régimen 728 en entidades como el JNE, la SMV y SUNARP, con un costo adicional estimado superior a los 30 millones de soles en organismos reguladores.
Las iniciativas, aprobadas con entre 22 y 27 votos en comisión, exoneran al personal beneficiado de los artículos 6, 8 y 9 de la ley de presupuesto público, que prohíben cambios salariales durante el año, contradiciendo la propia normativa presupuestal vigente.
El abogado laboralista Juan Valera advirtió que estos proyectos son «una bomba de tiempo» para la siguiente administración, al no especificar el impacto económico total ni la partida presupuestal de donde saldrían los fondos para cubrir los nuevos beneficios.
Un costo del 48% adicional sin fuente de financiamiento clara
El régimen 728 implica gratificaciones, CTS, 30 días de vacaciones, indemnización por despido, seguro de vida ley y EsSalud, lo que representa un incremento de entre 48 y 49% sobre lo que actualmente perciben los trabajadores CAS nombrados en el Estado.
Ese costo adicional afecta directamente al presupuesto público, pues en entidades que dependen del tesoro —y no de recursos propios— no existe partida asignada, lo que podría obligar al Estado a endeudarse para cumplir con los nuevos pagos laborales.
Valera señaló además que los proyectos fueron debatidos en la comisión de Presupuesto y no en la de Trabajo, órgano especializado para analizar reformas laborales, lo que calificó como irregular e incompatible con la Constitución.
Régimen Servir ignorado y desorden laboral que se profundiza
La ley Servir, promulgada en 2013 para ordenar el empleo público con criterios meritocráticos, solo fue adoptada por 11 entidades en 13 años, y estos proyectos la ignoran al promover nombramientos masivos al 728 sin evaluaciones ni concursos públicos.
Valera advirtió que muchos trabajadores CAS no ingresaron por concurso, por lo que nombrarlos al 728 sin filtros meritocráticos no garantiza el perfil idóneo para el cargo ni justifica el nivel salarial que pasarían a percibir con el nuevo régimen.
Los proyectos aún deben pasar al pleno del Congreso, donde ya cuentan con un tercio de los votos necesarios, profundizando lo que Valera calificó como un desorden de regímenes —CAS, 276, 728 y terceros— que en lugar de resolverse, se expande.
