Rodolfo Callata Añawi denunció públicamente al juez Guido Chevarría Tiznado por presuntamente resolver un proceso judicial de terrenos en apenas 19 días desde el auto admisorio. La denuncia sugiere que Chevarria y cómplices le despojaron de su terreno en tiempo express, donde el denunciante detalló irregularidades en el expediente 589-2022 del tercer juzgado civil de Puno.
El denunciante reveló que el magistrado habría realizado dos audiencias en una misma fecha, desarrollando la primera sesión durante la mañana y continuando con la segunda en horas de la tarde. «En el mismo día, a las horas de la noche, ha sacado la sentencia favoreciendo a otras personas donde ya básicamente me quitan la titularidad del predio», declaró Callata.
Según el testimonio, la primera audiencia se habría desarrollado a las 11:45 de la mañana del 25 de agosto, mientras que la segunda sesión continuó a las 15:30 del mismo día. La sentencia habría sido emitida durante la noche del 25 de agosto, completando todo el proceso judicial en una sola jornada, situación que el denunciante considera irregular.
La resolución judicial habría favorecido a terceras personas, despojando presuntamente al denunciante de la titularidad de un fundo de 151 hectáreas ubicado en la provincia de Puno. Callata aseguró contar con título de propiedad y condición de posesionario del terreno en disputa, por lo que considera la sentencia como un despojo ilegal de sus derechos.
Abogados involucrados en múltiples casos similares
La denuncia señala que los abogados Adelmo Ángel Rodríguez Marroquín y Walker Aguilar Castillo habrían actuado en representación de las partes beneficiadas por la sentencia. Estos mismos profesionales habrían estado involucrados en casos similares, según investigaciones periodísticas realizadas por Liubomor Fernández y Kevin Moncada sobre presuntas irregularidades en procesos judiciales.
«Son los mismos abogados y es el mismo juzgado, y estos mismos abogados están en el caso Huáscar también», declaró el denunciante. La coincidencia de los mismos representantes legales en múltiples casos de terrenos habría generado sospechas sobre un posible patrón de irregularidades en el sistema judicial puneño.
Los abogados mencionados habrían participado en los casos del Colegio Huáscar de Puno y del COAR, además del proceso que afecta al denunciante. Esta situación habría llevado a Callata a presumir la existencia de un posible «tráfico de terrenos» coordinado entre los mismos actores judiciales y legales.
Pedido de investigación y destitución judicial
El denunciante solicitó públicamente la investigación del caso y la destitución del juez Chevarría, argumentando que «no es el único caso que se tiene, son más vecinos que están siendo afectados mediante este juzgado». Callata exigió celeridad en el proceso de revisión, considerando que su caso fue resuelto con inusual rapidez por parte del magistrado cuestionado.
La denuncia reveló que el proceso judicial habría involucrado a «dos personas que no tienen nada que ver con el terreno», caracterizando la situación como un proceso ficticio que afectaría directamente los derechos del propietario original. El denunciante mantiene actualmente la posesión del terreno mientras el caso continúa en etapas de investigación y revisión judicial.
Callata indicó que su caso se encuentra pendiente de primera audiencia en la etapa de investigación, esperando que las autoridades competentes actúen con la misma celeridad que mostró el juez cuestionado. La denuncia busca evidenciar un patrón de irregularidades que afectaría a múltiples propietarios en la región puneña, generando preocupación sobre la integridad del sistema judicial local.
Los beneficiarios de la sentencia cuestionada serían Richar Santos Flores Escobedo, entre otros, quienes habrían obtenido favorabilidad judicial en el expediente 589-2022.
