El juez Youl Riveros Salazar, del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Puno, dictó nueve meses de prisión preventiva contra cinco personas investigadas como presuntos coautores de delitos contra el patrimonio. Según la resolución, los implicados están vinculados al caso «Gota a Gota», donde se les acusa de receptación agravada y falsedad genérica.
Los investigados son Jonathan David Valecillos Contreras, Jhonnatan José Vásquez Santana, Yenny Celeste Sánchez Piña, Eliezer Armando Lozada Hernández y Yeifer David Ramos García, todos de nacionalidad venezolana y colombiana. Según la investigación, cuentan con carné de extranjería y habrían participado en actividades ilícitas que afectaron a numerosas víctimas en la región.
El magistrado justificó la medida argumentando la necesidad de garantizar su presencia durante el proceso judicial y de evitar que obstaculicen las diligencias. La decisión se ajusta a lo establecido por la ley, que permite la prisión preventiva cuando existen riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Los cinco investigados fueron trasladados al establecimiento penal correspondiente, donde cumplirán la medida mientras avanza el proceso en su contra. Las autoridades señalaron que esta acción busca proteger los intereses de las víctimas y asegurar que la justicia se aplique con transparencia.
El caso «Gota a Gota» ha generado preocupación en Puno, ya que involucra a personas que, presuntamente, se aprovecharon de la confianza de la población para cometer delitos económicos. La prisión preventiva es un paso clave para evitar que los implicados sigan afectando a más personas.
El juez Riveros Salazar destacó que la investigación continúa y que se recopilan pruebas para sustentar las acusaciones. Mientras tanto, los cinco extranjeros permanecerán en prisión, bajo supervisión de las autoridades penitenciarias.
Las víctimas del caso han expresado su alivio ante esta medida, aunque siguen a la espera de que se les devuelva lo perdido. Las autoridades han prometido agilizar las investigaciones para lograr una sentencia justa.
Este caso refleja los desafíos que enfrenta Puno en la lucha contra delitos que afectan el patrimonio de sus ciudadanos. La prisión preventiva es una señal de que la justicia está actuando, pero también un recordatorio de la importancia de estar alerta ante posibles estafas.
