El destacado jurista juliaqueño Wilber Lupo Estrada calificó como persecución política el proceso judicial contra la ex primera ministra Betsy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México en Lima, señalando que «hay algunos juristas que por influencias refieren que sí constituye delito» cuando analistas reconocidos como Eugenio Raúl Zaffaroni y César Nakasaki sostienen lo contrario. El abogado explicó que los delitos de rebelión y conspiración imputados a la ex funcionaria requieren que se levanten armas según el Código Penal peruano.
Lupo Estrada enfatizó que «todos sabemos que no se ha levantado en armas» durante los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el ex presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso sin que las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional acataran sus órdenes. El jurista argumentó que ni siquiera existió tentativa del delito, pues habría sido imposible ejecutar la disolución parlamentaria sin respaldo militar o policial institucional que respaldara la medida presidencial.
El abogado precisó que «si esos hechos no constituyen delito y los están llevando a proceso, ahí lógicamente hay persecución política», basándose en la opinión del ex presidente de la Corte Penal Internacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, y del reconocido jurista nacional César Nakasaki Servigón. Lupo Estrada cuestionó la existencia de criterios divergentes entre algunos especialistas que, sin fundamento técnico aparente, sostienen la tipificación del delito en circunstancias donde no se configuraron los elementos legales requeridos.
El jurista manifestó que «lo correcto es que le admitan su salvoconducto» para que Betsy Chávez pueda trasladarse a México, donde solicitó asilo político tras refugiarse en la embajada mexicana. Lupo Estrada recordó que las autoridades peruanas no pueden ingresar a la sede diplomática porque constituye una zona especial protegida por tratados internacionales que regulan el derecho de asilo y la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas acreditadas.
El abogado advirtió que «desde antes que asumiera como presidente, al ex presidente Castillo han estado refiriendo que ha habido fraude», identificando un patrón de cuestionamientos sistemáticos contra el gobierno electo en 2021. Lupo Estrada explicó que, tras fracasar las denuncias de fraude electoral, los sectores opositores iniciaron procesos de vacancia diarios contra Castillo, intensificando presiones cuando Betsy Chávez ejercía como presidenta del Consejo de Ministros durante ese periodo gubernamental.
El jurista concluyó que «lo que hay de todo esto es pretender bajar del todo a este gobierno», caracterizando el caso como estrategia para desacreditar completamente la gestión del ex presidente Pedro Castillo mediante procesos judiciales contra sus principales colaboradores. Lupo Estrada señaló que no existe otro motivo más allá de la intención política de anular por completo la legitimidad del gobierno que ejerció funciones entre julio de 2021 y diciembre de 2022.
