Los dirigentes sociales de Juliaca anunciaron su participación en las próximas movilizaciones de noviembre contra la inseguridad ciudadana y el gobierno actual. La ciudad, que alberga más de 400,000 habitantes, enfrenta una creciente ola de violencia caracterizada por asaltos, extorsiones y sicariato.
«En Juliaca ya hay sicariato, solo que existe temor de expresarlo públicamente», señaló el dirigente Willy Ito, durante la concentración en la Plaza de Armas. Los manifestantes denunciaron la ausencia de instituciones como la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial para garantizar la seguridad ciudadana.
El presidente el presidente del frente colegiado de dirigentes de la región Puno, Lucio Callo Callata, enfatizó que la solución radica en una nueva Constitución que incluya al 100% de peruanos. Esta demanda se suma al pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, instituciones que, según los manifestantes, han perdido legitimidad.
En su turno, Raúl Samillan Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas 2022-2023, manifestó que continuarán exigiendo justicia por los más de 70 fallecidos durante las protestas. «La justicia para los hijos del pueblo, para los hermanos obreros campesinos no existe», declaró durante la movilización.
La madre de Nataly Yamileth Aroquipa, una de las víctimas del 9 de enero, relató que su hija de 17 años no participaba en las protestas cuando fue alcanzada por una bala policial. «Ella tenía mucho futuro por delante. Dina Boluarte debe estar en la cárcel, ella es la responsable que ha mandado a sus perros para matar a nuestro pueblo», expresó.
Los manifestantes se solidarizaron con los transportistas de Lima que protestan contra la delincuencia. «Mientras se mantenga esta dictadura y este Congreso, este problema social seguirá vigente», advirtió uno de los dirigentes, quien señaló que el 93% de peruanos está en contra del actual gobierno y del Congreso.
