Un fuerte contingente policial se trasladó hasta las inmediaciones del Jirón Calixto Arestegui y la calle Junín de Juliaca, donde se desarrolló un desalojo de una vivienda ordenado por un mandato judicial. Efectivos de la Policía Nacional, acompañados de un magistrado del Poder Judicial, acudieron al lugar para hacer cumplir la resolución que exige la desocupación de un terreno, propiedad de un tercero.
Durante el desalojo, el magistrado se dirigió personalmente al lugar con el fin de dialogar con los ocupantes y explicarles la resolución judicial. Los agentes se desplegaron en las calles cercanas para garantizar la seguridad y el orden, mientras el magistrado intentaba mediar con los habitantes del terreno, quienes habían construido una vivienda precaria con materiales rústicos en la zona.
La acción generó inquietud entre los vecinos, y especialmente entre una mujer que se identificó como familiar de los ocupantes. Esta persona denunció que el proceso de desalojo no se había realizado conforme a los plazos establecidos y que había irregularidades en la notificación y ejecución de la orden judicial. Según su versión, los afectados no habrían recibido la información correspondiente sobre el desalojo en el tiempo estipulado, lo que habría generado gran incertidumbre y temor en la comunidad.
A pesar de estas denuncias, el Poder Judicial defendió la legalidad del proceso, asegurando que todas las etapas del desalojo se habían cumplido conforme a la normativa y que se habían respetado los derechos de las partes involucradas.
