Diecisiete obreros sindicalizados realizaron una protesta frente a la obra de construcción del colegio Gran Unidad Escolar Las Mercedes para denunciar su despido arbitrario. Esta situación motivó la presencia de la intendenta regional de SUNAFIL, quien acudió como mediadora del conflicto laboral en el proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Puno.
El secretario general de Construcción Civil de San Román, Miguel Coaquira Yerba, quien encabezó la protesta, explicó que los trabajadores fueron despedidos sin una justificación por escrito. Señaló que varios de ellos integran el comité de obra y cuentan con fuero sindical, lo que los protege de decisiones unilaterales por parte de la empresa constructora.
Los manifestantes exigieron una reunión urgente con el ingeniero residente para conocer las razones exactas del despido. Indicaron que, si existieran faltas graves al Reglamento Interno de Trabajo, estas deben estar debidamente sustentadas, ya que el gremio busca transparencia y rechaza cualquier acusación de intereses personales durante sus tres años de gestión sindical.
La empresa constructora solo colocó una lista anunciando la reanudación de labores, pero permitió el reingreso únicamente de personal seleccionado por el residente o el área técnica. De esta manera, se excluyó a los miembros del comité de obra que ejercen funciones de representación sindical en la construcción del colegio.
Coaquira Yerba advirtió que, si no reciben una respuesta mediante el diálogo, convocarán a una reunión de emergencia con la base sindical para definir medidas más firmes. Afirmó que se está vulnerando la libertad sindical de trabajadores que son padres de familia y exalumnos del colegio, cuyo interés es que la obra se ejecute respetando la ley laboral.
La situación se agravó cuando se denunció que incluso a SUNAFIL se le estaría impidiendo el ingreso a la obra para realizar labores de fiscalización. Además, el dirigente sindical señaló que en el proyecto se estaría prohibiendo la contratación de personal femenino, presuntamente como represalia por las denuncias del sindicato sobre vulneración de derechos laborales durante la ejecución de la obra educativa.
