Una ciudadana denunció que el subgerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de San Román, Néstor Curó Quispe, la mantuvo esperando desde las 9 de la mañana para entregarle copias simples relacionadas con su proceso de reposición laboral, situación que se extendió por más de tres horas.
Karen Pari Vilca, acompañada de su abogado Henry Coarite Coarite, solicitó verbalmente copias simples y certificación del estado de su proceso, pero el subgerente adoptó una actitud altanera y huyó de su responsabilidad, según declaró el letrado, quien además reveló que el funcionario desconoce las modificaciones normativas que permite solicitudes verbales ante servidores públicos desde el año 2019.
El abogado Coarite manifestó que, tras insistentes llamadas al gerente de Administración, este ordenó la entrega de documentos, pero el subgerente se negó a atender y abandonó su despacho sin solicitar papeleta de salida ni dejar encargado alguno, situación que obligó al letrado a solicitar el levantamiento de acta en control de asistencia por abandono de la administración pública.
La denunciante reveló que viene realizando seguimiento desde el 20 de octubre a diario sin recibir atención, pues su expediente llegó el 16 de octubre y fue derivado a escalafón el 23 de octubre, fecha desde la cual no se ha realizado ninguna actuación administrativa, obligándola a descuidar a su madre enferma y a su hijo menor que esperaba en la escuela.
El proceso corresponde a una reposición laboral en el área de Parques y Jardines, sin embargo, Pari Vilca denunció que el subgerente exigió que permaneciera tres horas parada esperando como si se tratara de un trabajo, además de indicarle que debió presentarse directamente en su oficina sin realizar el seguimiento administrativo correspondiente que ella efectuó desde secretaría.
El abogado Coarite advirtió que funcionarios incompetentes y sin conocimiento de normas vienen cometiendo estos errores adrede, añadiendo que ya existe un proceso donde el superior ordenó sancionar a funcionarios por convocatorias CAS irregulares a Serenazgo, situación que debería generar apertura de proceso en Contraloría General de la República contra los responsables de estas irregularidades administrativas.
