La subprefectura provincial de San Román, Yesenia Faijó Quea, coordina acciones contra la creciente ola delincuencial que afecta a Juliaca mediante trabajo conjunto con autoridades comunales y la Policía Nacional del Perú. La subprefecta recibe información constante de tenientes gobernadores sobre actos sospechosos y situaciones irregulares que se registran en diversas jurisdicciones. Ante la falta del personal policial en la región de Puno.
Las autoridades comunales informan regularmente sobre el hallazgo de personas en estado inconsciente, fallecidos y casos de ebriedad pública en diferentes sectores urbanos. También proporcionan datos reservados sobre cantinas y locales de expendio de bebidas alcohólicas que “afectan propiamente dicha a la urbanización” según manifestó el funcionario.
Los tenientes gobernadores participan activamente en rondas mixtas desarrolladas tanto en urbanizaciones como en sectores rurales de la provincia de San Román. Estas patrullas trabajan conjuntamente con rondas campesinas enfocadas en la prevención del consumo de drogas y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana local.
En meses anteriores se registraron constantes asaltos con motocicletas lineales en carreteras que conectan diferentes poblados rurales de la provincia. Las rondas campesinas, bajo el liderazgo de una teniente gobernadora, lograron capturar y retener por varias horas a presuntos delincuentes antes de entregarlos a efectivos policiales.
El caso más reciente involucró la detención de un presunto delincuente que resultó ser menor de edad tras las investigaciones correspondientes. La autoridad explicó que los tenientes reciben capacitación especializada sobre arresto ciudadano por parte de instructores de la Policía Nacional del Perú y otras instituciones.
El Poder Judicial brinda apoyo técnico mediante capacitaciones dirigidas a autoridades locales sobre procedimientos legales ante actos delictivos y estrategias de disuasión. Estas charlas buscan proporcionar herramientas adecuadas para actuar correctamente en urbanizaciones y sectores rurales cuando se detecten actividades sospechosas o irregulares.
El general PNP, Jorge Tomas Guardia Riveros, jefe de la Décima Región Policial de Puno advirtió sobre la falta de personal policial para garantizar seguridad en toda la región. La diferencia entre zona norte y sur es “muy fuerte” con nueve provincias en el norte y cinco en el sur, con apenas 500 policías de diferencia.
La zona norte enfrenta mayores conflictos relacionados con contrabando, minería ilegal y narcotráfico, situaciones que “poco se ve en la zona sur”. Esta problemática motivó el pedido unánime de autoridades para crear una nueva división policial en la provincia de Azángaro, tercera con mayor carga procesal.
La participación de efectivos policiales en actos delictivos genera preocupación entre las autoridades locales durante los últimos meses del año. El subprefecto manifestó que trabajan para recuperar la confianza institucional, aunque “no podríamos afirmar hasta que haya una sentencia” sobre los casos investigados.
Las autoridades requieren “policías probos que trabajen al servicio de la población” para restaurar la credibilidad institucional y combatir eficazmente la delincuencia creciente. La coordinación interinstitucional busca fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana mediante el trabajo conjunto entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones sociales rurales.
