Después de que más de 80 estudiantes adolescentes fueran intervenidos consumiendo licor en videojuegos, karaokes y otros centros de esparcimiento, la Municipalidad Provincial de San Román anunció operativos de mayor envergadura. La gerente de Desarrollo Social, Natali Vilca Apaza, confirmó que las acciones se realizarán en coordinación con el Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente (COMUDENA), institución que agrupa al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el sector Salud.
Los operativos se concentrarán en locales que venden licor a menores de edad de forma clandestina, además de establecimientos como internet, salas de videojuegos y otros espacios ya focalizados por las autoridades. Vilca Apaza señaló que la Policía de Familia participará activamente en estas intervenciones, tal como ocurrió en el operativo anterior donde se detectó a escolares uniformados consumiendo bebidas alcohólicas en horario escolar.
Las autoridades municipales indicaron que regresarán a los mismos establecimientos intervenidos anteriormente para verificar el cumplimiento de las normas, además de ampliar la fiscalización a nuevos locales identificados que operan de manera oculta. La coordinación interinstitucional incluirá el respaldo de efectivos policiales para garantizar la efectividad de las acciones de control y prevención.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo ejecutará una intervención especial para verificar la situación de hijos de internos del penal de Juliaca, quienes en muchos casos se encuentran en situación de posible abandono o vulneración de derechos. Esta acción busca constatar si los menores están estudiando, si reciben cuidados adecuados o si están siendo explotados laboralmente.
La funcionaria municipal precisó que el 60% de los reclusos con hijos menores ya están identificados por la Defensoría del Pueblo, y la visita de constatación está proyectada para realizarse durante esta semana. El objetivo es determinar si estos niños y adolescentes se encuentran al cuidado de familiares responsables o si requieren intervención inmediata.
En caso de detectarse vulneración de derechos, la Unidad de Protección Especial (UPE) y otras instituciones especializadas intervendrán para garantizar el bienestar de los menores en situación de riesgo. Las autoridades enfatizaron que los hijos de personas privadas de libertad requieren atención prioritaria debido a su mayor vulnerabilidad ante el abandono y la explotación.
