La formalización minera es un problema que persiste en todo el país. A nivel regional, el gobernador de Puno, Richard Hancco, ha prometido facilitar el proceso de legalización para mineros informales e ilegales. Sin embargo, especialistas como Orlando Camacho y Wilfredo Melendez señalan que no es competencia del gobernador resolver este problema, ya que se arrastra desde hace muchos años.
Según el ingeniero Orlando Camacho, el proceso de formalización comenzó en 2002 y se estableció el registro integral de formalización minera en 2017. Sin embargo, aún no se ha completado y cerca de 4,000 mineros de un total de 12,000 han logrado formalizarse.
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Camacho explica que existen diferencias entre mineros formales, informales e ilegales, y destaca que la principal dificultad radica en obtener el contrato de explotación y la autorización de uso de terreno superficial.
Por otro lado, el ingeniero Wilfredo Melendez menciona que ocho de cada diez mineros están suspendidos debido a problemas como la falta de declaración de químicos fiscalizados, la falta de un RUC activo o la no presentación de declaraciones semestrales de producción.
Este proceso de formalización involucra a varias instituciones y no depende únicamente de la decisión del gobernador regional de Puno.
