La Ley 31973, conocida como la «Ley Antiforestal», ha sido objeto de controversia en Perú debido a su impacto en la proliferación de incendios forestales. Si bien fue aprobada por el Congreso con la intención de «regular la deforestación», su modificación ha generado lagunas legales y confusión, creando un clima de impunidad que ha fomentado la deforestación y, por ende, ha aumentado la vulnerabilidad de los bosques a los incendios.
Christian Huamán Mendoza, director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas en el Sernanp, señala que la ley ha sido malinterpretada y mal aplicada, lo que ha llevado a que algunos ciudadanos crean erróneamente que tienen «carta blanca» para deforestar sin temor a sanciones. Esta interpretación errónea se debe a que la ley «precisa períodos antiguos (de deforestación), pero no formaliza períodos nuevos».
Esta situación ha generado un incentivo perverso para la deforestación, ya que las personas pueden quemar áreas de bosque para luego reclamar la propiedad de la tierra deforestada. Diego Padilla, biólogo y gestor público, advierte que la ley permite que las áreas incendiadas, una vez que el terreno sea «aprovechable», puedan ser inscritas a nombre de un propietario. Esta posibilidad de obtener beneficios económicos de la tierra deforestada es un factor clave que impulsa la quema de bosques.
La Ley Antiforestal ha debilitado la protección de las áreas forestales al crear un marco legal ambiguo que dificulta la persecución de los delitos ambientales. La falta de claridad en la ley y la percepción de impunidad han fomentado la expansión de la frontera agrícola a costa de la destrucción de los bosques. A pesar de que la deforestación sin autorización es un delito que puede conllevar penas de cárcel, la implementación y la vigilancia de las normas ambientales son insuficientes.
El Sernanp ha impuesto sanciones en al menos cuatro o cinco áreas naturales protegidas por deforestación y apertura de trochas carrozables, incluyendo el Parque Nacional Sierra del Divisor y el Bosque de Protección San Matías San Carlos. Sin embargo, se necesitan medidas más contundentes para frenar la deforestación y proteger los bosques de la amenaza de los incendios.
La Ley Antiforestal ha sido un factor clave en la intensificación de la crisis de incendios forestales en Perú. Al debilitar la protección de los bosques y fomentar la deforestación, esta ley ha creado un círculo vicioso que amenaza la biodiversidad, la salud pública y el futuro del país. Es crucial que se revise y se modifique esta ley para garantizar una protección efectiva de los bosques y un desarrollo sostenible que beneficie a todos los peruanos.
