El presidente nacional de la Asociación de Víctimas y Deudos de las Protestas 2022-2023, Raúl Samillán Sanga, alerta que una nueva ley llamada anti ONG podría dejar sin respaldo legal a las familias afectadas, complicando su acceso a la verdad y justicia tras los sucesos violentos ocurridos en las protestas. Esta medida impacta directamente en quienes buscan respuestas y reparación.
Samillán Sanga explica que, tras las violaciones de derechos humanos con muertos y heridos, diversas organizaciones no gubernamentales brindaron apoyo legal fundamental para presentar denuncias y seguir las investigaciones. Sin ese respaldo, las familias pierden un pilar clave para defender sus derechos.
La nueva ley eliminaría el derecho a encontrar la verdad y alcanzar justicia, señala Samillán Sanga, porque la mayoría de familiares no tiene recursos para pagar abogados y continuar con los procesos legales. Esta situación los deja vulnerables frente al Estado.
Samillán Sanga afirma que el gobierno dispone de presupuesto para defender a quienes ordenaron las acciones represivas, mientras las familias carecen de apoyo, lo que podría obligarlas a abandonar sus reclamos por falta de dinero y por la distancia a los centros de investigación.
Según Samillán, la justificación oficial de controlar ONGs que supuestamente generan conflictos es solo una excusa, pues el verdadero temor del gobierno es el avance de las investigaciones que revelan responsabilidades en los hechos violentos.
Las investigaciones han avanzado rápido, con denuncias formalizadas en menos de dos años, destaca Samillán Sanga, lo que preocupa a las autoridades porque se esclarece quiénes ordenaron las operaciones represivas. La ley busca retrasar y desgastar a las familias.
Asimismo, informa que aún no se ha acordado con las ONGs el futuro del apoyo legal ante las posibles sanciones económicas que la ley impone, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de la ayuda.
La ley prevé multas muy altas para ONGs que denuncien al Estado o vulneraciones de derechos en comunidades pobres o indígenas, señala Raúl Samillán, con sanciones que podrían superar los dos millones y medio de soles, lo que genera temor y obliga a cesar la asistencia legal.
Ante esta situación, Samillán anuncia que las víctimas y sus familias se organizan a nivel nacional y ya realizaron una conferencia de prensa junto a familiares de masacres pasadas, con el objetivo de convocar una marcha nacional contra la ley.
La marcha está en evaluación y podría realizarse en julio, explica Samillán Sanga, quien señala que la falta de recursos dificulta la organización, por lo que se buscará apoyo popular para cubrir gastos de traslado, alimentación y estadía en la capital, con participación de víctimas de distintos periodos y comunidades indígenas.
