La nueva ley de amnistía publicada en El Peruano busca cerrar investigaciones y sentencias por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. El abogado Iván Trujillo Hilasaca advierte que la norma propone olvido legal y crea un precedente preocupante.
La ley concede amnistía a miembros investigados o procesados por delitos relacionados con la lucha antiterrorista en ese periodo y permite beneficios humanitarios a sentenciados mayores de setenta años.
Según el Diario Oficial El Peruano, la amnistía incluye a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa. La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley destacando reconocimiento al sacrificio de quienes defendieron al país.
Pero la Constitución peruana prohíbe amnistías por violaciones de derechos humanos y considera estos delitos imprescriptibles. Trujillo Hilasaca afirma que este paso pone en riesgo el futuro de la justicia nacional.
Trujillo Hilasaca señala que esta tendencia acerca a Perú a un sistema autoritario y debilita las instituciones democráticas. La independencia judicial sería fundamental para frenar posibles excesos.
El Poder Judicial podría utilizar el control de convencionalidad y el control difuso, herramientas constitucionales que permiten a los jueces inaplicar leyes como esta si contradicen tratados internacionales o la propia Constitución.
El control de convencionalidad exige comparar la ley con los convenios internacionales suscritos por Perú, como el Pacto de San José. Esto fortalece la obligación de perseguir delitos de lesa humanidad.
El control difuso permite preferir la Constitución sobre cualquier ley ordinaria en caso de contradicción, resguardando los derechos fundamentales y la jerarquía del sistema legal peruano.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha mostrado posturas inconsistentes y hoy, según Iván Trujillo Hilasaca, valida las acciones del Congreso y el Gobierno sin salvaguardar adecuadamente los derechos fundamentales.
Esta validación por parte del Tribunal Constitucional genera un escenario de impunidad y falta de rendición de cuentas, lo que refuerza actitudes prepotentes en algunos sectores oficiales.
A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió ordenando suspender la aplicación de esta ley, convocando a una audiencia pública para evaluar sus efectos y advirtiendo al Estado peruano sobre posibles sanciones.
Perú está obligado como parte de la Corte IDH a acatar sus sentencias; ignorar los mandatos podría exponer a sus principales líderes a medidas de presión internacional, incluidas órdenes de detención fuera del país.
El letrado dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales han señalado que la ley contradice tratados y estándares de derechos humanos, por lo que no debe aplicarse en los casos investigados o ya sentenciados.
El debate se mantiene activo tanto en el país como en instancias internacionales, mientras abogados, activistas y familiares de víctimas esperan que la justicia no se pierda entre tecnicismos ni presiones políticas.
