El presidente del Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno, José Carlos Gutiérrez Sancho, expresó su mayor preocupación ante el respaldo de la presidenta Dina Boluarte a la Ley de Amnistía, advirtió sobre riesgos para víctimas y la justicia en nuestro país.
Dina Boluarte respaldó de modo enfático la ley que permitiría liberar a militares y policías condenados por delitos graves, rechazó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y marcó distancia ante advertencias internacionales.
Esta decisión, advirtió Gutiérrez Sancho, podría sentar un precedente negativo ya que en adelante los responsables de los fallecimientos ocurridos durante las protestas de los años dos mil veintidós y dos mil veintitrés podrían quedar también impunes.
El acceso de las víctimas a la justicia se vería seriamente comprometido debido a esta ley, limitando opciones para que los afectados puedan buscar verdad y reparación dentro del sistema nacional de justicia.
Gutiérrez Sancho advirtió que esta medida atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones que quedarían sometidas al poder político si se desconoce la justicia internacional.
El dirigente resaltó que tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT podría quedar sin efecto, afectando los derechos de los pueblos originarios y debilitando la protección internacional vigente.
En opinión de Gutiérrez Sancho, la postura del gobierno no representa el sentir de la mayoría de ciudadanos, quienes conocen los marcos legales y esperan sanciones ejemplares para quienes cometen delitos.
El Ejecutivo solo tiene plazo hasta el día quince para decidir si observa o promulga esta ley, sin embargo, las declaraciones públicas de sus representantes evidencian como poco probable una respuesta contraria a lo ya expuesto.
La ciudadanía, así como colegios profesionales y organizaciones de derechos humanos, cuenta con el derecho de manifestarse y protestar pacíficamente a fin de hacer visible el rechazo a esta medida.
Finalmente, Gutiérrez Sancho señaló la necesidad de acudir a instancias legales dentro y fuera del país, cuestionó la falta de posición firme de la Defensoría del Pueblo y reclamó mayor compromiso de todas las instituciones del Estado.
