Autoridades originarias de Puno, rondas campesinas y la Federación de Comunidades Campesinas de Arequipa iniciaron la conformación de la Macroregión Sur para exigir la derogatoria de la ley 32293, denunciando que el Estado decide sobre tierras comunales sin consulta previa.
Leopoldo Dante Quispe, autoridad originaria del centro poblado de Iscata-Acora, informó que convocan a todas las regiones del sur para integrar la Macroregión Sur y presentar ante el Ejecutivo una propuesta unitaria que logre anular la normativa cuestionada.
Comuneros de Arequipa y representantes de Cusco, Apurímac y Huancavelica confirmaron su participación en el proceso de articulación, señalando que la ley afecta los derechos territoriales ancestrales de las comunidades campesinas.
Guido Taza, dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas de Arequipa, denunció que el Estado adopta decisiones sobre tierras sin consulta previa, lo que obliga a las comunidades a organizarse para exigir el respeto a convenios internacionales.
Autoridades comunales del sur advirtieron que no descartan una marcha hacia Lima de carácter masivo para hacer valer sus derechos y lograr la derogatoria de la ley 32293, que consideran lesiva para su supervivencia cultural.
La articulación de la Macroregión Sur, como estrategia política, busca ejercer mayor presión sobre el gobierno nacional mediante la unión de comunidades campesinas de seis departamentos que reclaman representatividad territorial y defensa de sus tierras.
Dirigentes comunales recalcaron que la defensa de los derechos territoriales constituye el eje central de la articulación, resaltando que las comunidades exigen consulta previa para cualquier decisión estatal que afecte sus territorios ancestrales.
La conformación de la alianza macroregional evidenció la creciente organización de las comunidades campesinas del sur, que decidieron superar divisiones regionales para enfrentar de manera unitaria una legislación considerada amenaza directa a sus derechos históricos.
