El presidente de la Sala Penal de Apelaciones San Román, Hernán Layme Yepez, presentó un informe detallado sobre los avances de la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana en la provincia de San Román, donde alertó sobre la infiltración de familiares vinculados al contrabando, minería ilegal, narcotráfico y sectores criminales en la institución policial.
La mesa de trabajo técnica se instaló tras los recientes acontecimientos que involucraron a efectivos de la Policía Nacional en «actos presuntamente delictivos», según explicó el magistrado Layme durante su intervención. Esta instancia busca analizar pormenorizadamente los mecanismos de acceso, control permanente y procedimientos de cese dentro de la institución policial peruana.
Layme enfatizó que, desde la descentralización de la escuela policial en el departamento de Puno, «los ingresos no serían los más idóneos ni adecuados», señalando que muchos aspirantes provendrían de personas vinculadas al contrabando, particularmente de organizaciones criminales que operan en la ciudad de Juliaca.
El magistrado indicó que la mesa de trabajo ha identificado cinco a seis ejes de acción, siendo uno de ellos la evaluación de la forma como deben ser seleccionados los futuros efectivos policiales. Esta situación explicaría, según el funcionario judicial, la necesidad urgente de implementar filtros más rigurosos en el proceso de admisión.
La propuesta incluye mejorar el sistema curricular de formación policial, fortaleciendo especialmente el tema de valores éticos y la incidencia moral en la preparación de los futuros efectivos. Layme subrayó que estos aspectos están contemplados en las actas de la mesa de trabajo con componente técnico instalada en San Román.
Además del tema policial, la mesa de trabajo está organizando la vinculación entre autoridades de seguridad ciudadana y la población civil. El magistrado destacó la necesidad de «articular con todas las organizaciones sociales» para fortalecer el trabajo preventivo que debe realizar la institución policial en el territorio.
Entre los programas identificados se encuentran la policía comunitaria, el sistema de cooperadores y las redes cooperantes de trabajo con maestros, promoviendo una participación activa de la ciudadanía. Layme enfatizó que se debe intensificar el trabajo en lugares de alta incidencia delictiva y zonas donde se expenden bebidas alcohólicas.
El presidente de la Sala Penal también mencionó la necesidad de trabajar coordinadamente con las autoridades municipales en el tema de concesión de licencias para establecimientos comerciales. Reconoció el esfuerzo de funcionarios municipales, aunque admitió que el posicionamiento institucional debe fortalecerse para lograr resultados más efectivos.
La mesa de trabajo propone establecer sesiones más frecuentes dentro del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), que actualmente se reúne cada dos meses. Esta medida permitiría abordar temas puntuales relacionados con los distintos operadores de seguridad ciudadana de manera más oportuna y eficiente.
Layme anunció que en los próximos días informará al ministro o viceministro sobre estos temas, incluyendo asuntos relacionados con migraciones y trabajo preventivo. El magistrado concluyó destacando la importancia del trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas en la seguridad ciudadana de la provincia de San Román.
