El Gobierno Regional de Puno arrastra decenas de recomendaciones de auditoría sin ejecutar, la Contraloría General de la República advierte que esta falta de acciones frena mejoras en la administración y debilita los servicios que recibe la población.
La entidad contralora ha solicitado que Richard Hancco Soncco, gobernador regional de Puno, remita pronto un informe detallado sobre los avances en las medidas correctivas solicitadas, se busca conocer la verdad sobre la situación y acelerar las acciones pendientes.
El seguimiento abarca los meses de enero a junio de 2025, la persistencia de estos asuntos sin resolver mantiene en alerta a las autoridades de control, quienes buscan evitar irregularidades futuras y actuar a tiempo para garantizar la transparencia.
Estas medidas persiguen una mejor gestión de los fondos y bienes públicos, los documentos oficiales señalan que la mayor parte de las observaciones permanece solo en la fase de “en proceso”, lo que prolonga la incertidumbre en la región.
Algunas revisiones muestran que ciertas recomendaciones ni siquiera han sido atendidas y quedan pendientes, la preocupación crece porque los informes de auditoría terminan en un limbo administrativo, sin seguimiento real ni cambios concretos.
Un informe relacionado con la ejecución presupuestaria revela que por lo menos una recomendación clave aparece como “no implementada”, este panorama cuestiona el compromiso con la mejora continua en la administración regional.
La Contraloría General emitió directivas especiales para dar seguimiento estricto a estas observaciones y garantizar que ninguna quede sin respuesta, la meta es impulsar respuestas inmediatas desde la sede central del gobierno regional.
El portal de transparencia debe publicar la lista actualizada de todas las medidas en ejecución, la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real de cada recomendación y vigilar que el proceso avance conforme a la normativa.
Muchos informes de auditoría se centran en deficiencias de manejo financiero, la administración regional enfrenta críticas por errores en el uso de recursos, lo que impacta la inversión en obras y servicios prioritarios para la gente.
Se detectaron fallas en la gestión y registro de propiedades y equipos públicos, la falta de inventarios confiables y actualizados debilita el control patrimonial y complica la planificación de obras y proyectos de inversión para el desarrollo local.
Entre las recomendaciones destaca la urgencia de mejorar la ejecución presupuestaria y la correcta formulación de nuevos proyectos, esto permitiría acelerar inversiones que esperan los sectores de salud, educación e infraestructura vial.
Los auditores hallaron observaciones en la gestión de personal y en el manejo de almacenes, malas prácticas y debilidades internas dificultan el uso eficiente de los fondos, la región pierde importantes oportunidades por estas fallas administrativas.
Las medidas correctivas buscan revertir este escenario y dar sostenibilidad al gasto público en Puno, la Contraloría llama a fortalecer los equipos internos de control y a mantener vigilada la ruta del dinero regional.
El Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno tiene la tarea de verificar el cumplimiento de todas las recomendaciones, debe emitir reportes periódicos y elevar avisos en caso detecte que alguna acción sigue pendiente de solución.
La Contraloría advierte que, de no atenderse a tiempo las observaciones, los problemas podrían continuar y agravarse, el llamado es firme y pretende poner fin a un ciclo de demoras y trabas en la administración de los fondos públicos en Puno.
