En julio de 2023, estaba programada la tercera marcha nacional en la capital peruana, convocada por gremios sociales a nivel nacional en un rechazo contundente al gobierno de Dina Boluarte, cuya gestión presentaba un índice de rechazo superior al 80%, según encuestas de ese mes.
La movilización se llevó a cabo con la presencia preventiva del Ministerio Público, que movilizó fiscales con enfoque en derechos humanos. El entonces ministro de Justicia, Daniel Maurate, advirtió sobre el derecho de las personas que no deseaban participar en la marcha, generando controversia.
El despacho de Maurate emitió un comunicado indicando que la Fiscalía garantizaría el respeto al ejercicio legítimo del derecho a la protesta social, con apego a la Constitución y demás normas jurídicas. Este comunicado fue considerado por algunos dirigentes sociales como una amenaza.
El periodista César Hildebrant destacó la falta de legitimidad de Dina Boluarte, señalando que estas protestas exigían su renuncia inmediata y el cierre del Congreso. Hildebrant afirmó que, más allá de las masas y los enfrentamientos, el Gobierno liderado por Boluarte enfrentaba un rechazo del 80% de la población y un repudio del 92% hacia el Congreso.