Una investigación periodística revela que el Consorcio San Miguel habría obtenido la adjudicación de la obra «Construcción de Captación, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Línea de Conducción en Juliaca y San Miguel» mediante presuntos actos de colusión y direccionamiento. Documentos oficiales y actas notariadas sustentan que la empresa no cumplía los requisitos técnicos exigidos en el proceso de licitación pública internacional.
El Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) Juliaca, financiado con S/ 513 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue adjudicado en diciembre de 2025 al consorcio conformado por las empresas Construcción y Administración S.A. (Perú) y Hidalgo e Hidalgo S.A. (Ecuador). Sin embargo, un análisis detallado de las experiencias presentadas demuestra que no acreditaban la construcción de 5 km de tubería de hierro dúctil ni líneas de conducción a presión de 1200 mm, requisitos clave para el contrato.
El comité evaluador ignoró las observaciones técnicas planteadas por otros postores durante el proceso. Mientras la empresa China Railway 20 —que ofreció un monto menor en S/ 18 millones— fue descalificada tras cuatro meses de evaluación, el Consorcio San Miguel recibió la buena pro en solo diez días. Actas notariadas confirman que su oferta no cumplía con los estándares de similitud en obras de saneamiento exigidos en los pliegos.
El pliego de consultas, publicado en la página web del proyecto, rechazó explícitamente la posibilidad de aceptar materiales alternativos como PVC o acero, insistiendo en el uso de hierro dúctil. Pese a ello, el consorcio adjudicado presentó experiencias con tuberías de PVC, PRFV y acero, incumpliendo lo establecido. Documentos como el Acta de Apertura de Ofertas (06/06/2025) y el Informe de Adjudicación (02/12/2025) respaldan estas inconsistencias.
La denuncia señala un posible conflicto de interés entre funcionarios del BID, la Unidad Coordinadora del Proyecto Juliaca (UCPJ) y el consorcio. El representante del BID, Javier Grau Benages, de nacionalidad española, trabajó previamente en Ecuador, país de origen de Hidalgo e Hidalgo S.A. Además, la empresa consultora PMO, encargada de supervisar el proyecto, tiene vínculos con Concremat Engenharia (Brasil), que opera en Ecuador.
El Acta de Adjudicación revela que el comité, presidido por Esther del Pilar Bellido Sánchez, no verificó el historial de litigios de las empresas ecuatorianas. Estas enfrentan denuncias penales en Perú por incumplimientos en contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La Contraloría General de la República aún no ha pronunciado sobre estas acusaciones de favorecimiento indebido.
El sobrecosto estimado asciende a S/ 18 millones, diferencia entre la oferta del Consorcio San Miguel y la de China Railway 20. La obra, clave para el abastecimiento de agua potable en Puno, podría verse afectada por fallas técnicas derivadas de la falta de experiencia acreditada. La denuncia, respaldada por actas notariadas y documentos del SEACE, exige la anulación del contrato y una investigación a los funcionarios involucrados.
El *Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), dependiente del Ministerio de Vivienda, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, las empresas perdedoras exigen transparencia y advierten sobre riesgos en la ejecución del proyecto. La fiscalización de la Contraloría será clave para determinar si hubo corrupción en este proceso millonario.
