México avanzó con dos controvertidas reformas legales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a un mes de los comicios generales del 2 de junio. La primera otorga al mandatario la facultad de amnistiar a quien aporte información relevante para el Estado, decisión que quedará a su criterio, generando preocupación por un posible uso discrecional.
La segunda modifica la ley de amparo, impidiendo que jueces suspendan de manera general normas y obras impugnadas, buscando evitar bloqueos judiciales a iniciativas presidenciales como la reforma energética o el Tren Maya, pero desatando críticas de la oposición por potenciales violaciones constitucionales.
La Cámara de Diputados avaló las reformas previamente aprobadas por el Senado gracias a la mayoría oficialista y sus aliados, pese al rechazo unánime de la oposición. López Obrador señaló que la ley de amnistía podría esclarecer casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Sin embargo, partidos opositores la ven como un «cheque en blanco» que propiciará impunidad. Organizaciones sociales advierten sobre vacíos legales, desprotección a víctimas y un posible «indulto presidencial extraordinario» sin controles adecuados.
Enrique Gerardo Sosa, diputado opositor, solicitó limitar temporalmente la facultad de amnistía para evitar dejarle «las llaves de la cárcel eternamente a todos los presidentes del futuro».
Ante los cambios en la ley de amparo, la oposición anunció impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia por posibles violaciones constitucionales, anticipando una nueva confrontación judicial con el Ejecutivo.
