El fiscal Óscar Jiménez Chura, representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, afirmó que la minería ilegal en la región ha dejado de ser un delito común para convertirse en una actividad del crimen organizado.
Según el fiscal, el comportamiento de quienes se dedican a esta actividad ilícita se asemeja al de mafias que operan en Madre de Dios, Cusco y Apurímac.
Jiménez Chura explicó que esta actividad genera múltiples delitos conexos, como la contaminación ambiental, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos y pérdida de extinción de dominio. Además, señaló que la minería ilegal mueve grandes sumas de dinero, lo que facilita la corrupción de algunas autoridades locales.
Se estima que alrededor de mil mineros ilegales están operando en la selva de Puno, muchos de ellos provenientes de otras regiones del país. El fiscal detalló que las zonas más afectadas por esta actividad son las provincias de Sandía, Carabaya y San Antonio de Putina, y lamentó que la minería ilegal se esté llevando a cabo cerca del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
La minería ilegal sigue siendo una de las principales amenazas para el medioambiente y el orden social en Puno, alimentando una cadena de delitos que perjudica a las comunidades y ecosistemas locales.
