El secretario provincial del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) San Román, Víctor Apaza Larico, anunció que evalúan una huelga indefinida nacional contra la ley 32242. La medida busca derogar la normativa que consideran «punitiva y criminal» para el sector educativo peruano.
Los docentes realizaron una jornada de lucha el 28 de agosto tras la decisión tomada en Asamblea Nacional del 26 de julio. «El objetivo es siempre la defensa de la educación pública, mayor inversión para el sector», declaró Apaza Larico durante entrevista radial.
La ley 32242 elimina el derecho a la defensa de los maestros ante cualquier falta administrativa. «Hasta el delincuente más avezado tiene derecho a la defensa, pero con esta ley al magisterio le dicen chau», expresó el dirigente sindical preocupado.
El paro del 28 de agosto alcanzó 95% de acatamiento en Juliaca según cifras oficiales del sindicato. «El magisterio puneño está preparado, está presto y ha demostrado contundencia», afirmó Apaza sobre la disposición de los educadores para futuras protestas.
Los docentes también apoyan el proyecto de ley 3864 que busca homologar pensiones de cesantes y jubilados. La iniciativa debe agendarse en la primera quincena de septiembre según anuncios del presidente del Congreso José Jari.
La medida de lucha indefinida requiere aprobación en asamblea nacional antes de su implementación efectiva. Los dirigentes esperan comunicación oficial sobre fechas de debate del proyecto pensionario para coordinar acciones de vigilancia ciudadana.
Apaza confirmó que realizarán vigilias en Juliaca mientras esperan respuesta del Congreso sobre ambas iniciativas legislativas. El SUTEP mantiene su posición de defensa del magisterio nacional ante medidas que consideran vulneran derechos laborales fundamentales.
